La geopolítica y el conflcto en el Sáhara Occidental

El conflicto en el Sáhara Occidental carga el estigma de la geopolítica desde su inicio. En realidad, es posible afirmar que la geopolítica impregna todo lo que se relaciona a la cuestión de la independencia en el Sáhara Occidental, teniendo en cuenta que el tema se ha inserido sistemáticamente en la agenda de seguridad de las grandes potencias, influyendo y siendo influenciado por cálculos militares y por la estrategia y construcción de amenazas -lo que contribuyó significativamente con su permanente ímpase-. La propia Misión de Paz para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), creada en 1991 y encargada de realizar una consulta de autodeterminación que hasta hoy no se ha concretado, es incapaz de imponer un mandato de monitoreo de los derechos humanos por cuenta del persistente veto de Francia, una de las principales aliadas de Marruecos –que a su vez ocupa militarmente el territorio desde 1975- en el Consejo de Seguridad de la ONU.

En contra de la tendencia liberal predominante que tiene por objetivo comprender la etapa actual del conflicto únicamente por la óptica de la misión de paz o bien a través de los esfuerzos de negociación y construcción de medidas de confianza , en este breve artículo valoramos la geopolítica como factor explicativo y necesario para cualquier reflexión o tomada de decisión política sobre la resolución de ese conflicto que ya dura cuarenta años.

La geopolítica de los recursos naturales

Localizado en la región del Magreb árabe, al noroeste de África, el Sáhara Occidental es el único territorio africano cuya descolonización aun está pendiente, lo que le hace figurar, en el ámbito de Naciones Unidas, como territorio no-autónomo. Alcanzando un área de cerca de 266.000 km2 en pleno desierto saharaui, el territorio es rico en recursos naturales, con una de las más grandes reservas de fosfatos del mundo, al lado de la extracción de mineral de hierro, pesca y arena. En los últimos años, también han crecido las especulaciones sobre su potencial en reservas de petróleo y gas natural.

El condicionamiento del Sáhara Occidental a una verdadera geopolítica de los recursos naturales es bastante antigua y remite a la llegada oficial de los españoles en 1884, en pleno periodo de reparto de África por las potencias europeas. La seguridad del territorio para fines de interiorización, exploración económica y colonización del pueblo autóctono (bereberes nómadas) estuvo garantizada por su asimilación progresiva a la Corte española : en 1884, se alegó utis posidetis sobre el territorio en la Conferencia de Berlín, asegurando el derecho de ocupación contra ataques externos ; en 1885, el territorio ascendió a la condición de protectorado español ; y en 1957, tras perder una guerra contra el recién-independiente Marruecos, el gobierno español cambió el estatuto jurídico del territorio, que dejó de ser colonia para convertirse en una provincia española, también conocida como “Sáhara Español”.

Con la creación del Frente Popular de Liberación de Saguía el Amra y Río de Oro (Frente Polisario) en 1973 y el surgimiento del movimiento nacionalista saharaui, sumado al cuadro de crisis del régimen franquista en España, se iniciaba el camino para la descolonización. En 1975, sin embargo, el rey de Marruecos, Hassan II, tenía un plan geopolítico que transformaría el destino de los saharauis [1]. Tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableciendo que no había “ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el reino de Marruecos” (CIJ, 1975:100), Hassan actuó rápidamente para garantizar que las “rentas estratégicas” de la Guerra Fría le favorecieran. Inició un lobby político en Estados Unidos con el objetivo de garantizar apoyo de aquel país en caso de guerra, presentando el movimiento nacionalista como una amenaza a los intereses de Estados Unidos en la región.

El primado de la geopolítica luego mostró las cartas. En la mañana siguiente al pronunciamiento de la CIJ, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, informó al presidente Gerald Ford sobre la evolución de la situación : “Marruecos está amenazando con una marcha masiva en el Sáhara Español. La CIJ dio una opinión que decía que la soberanía había sido decidida entre Marruecos y Mauritania. Eso es básicamente lo que Hassan quería” (Mundy, 2005 [2]). Habiendo claramente distorsionado la decisión final de la CIJ, Kissinger pasó a presionar España para que aceptara una solución favorable a Marruecos. En el día 6 de noviembre de 1975, Hassan II inicia la llamada “Marcha Verde”, que reunió alrededor de 350 mil marroquíes para apropiarse del Sáhara Occidental, representando un acto simbólico de “reconquista”. Mauritania también decidió invadir el territorio y, a partir de ese momento, se inició el periodo de guerra que duró hasta 1988, año en que se firmó el alto-fuego [3].

Con la ocupación militar marroquí, el reino encontró una causa para garantizar la estabilidad del régimen y hacerlo viable económicamente. Las inversiones billonarias para la explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental convirtieron a Marruecos en uno de los más grandes exportadores de fosfatos del mundo. Se estima que, apenas en el 2013, haya sido exportadas 2,2 millones de toneladas de fosfatos del Sáhara Occidental –un valor que representa alrededor de 330 millones de dólares (WSRW, 2014). Diversas empresas multinacionales operan en el territorio ocupado, con actividades de prospección, extracción y comercialización de los recursos naturales en detrimento de los intereses del pueblo autóctono, lo que constituye una violación de diversos dispositivos jurídicos internacionales como la IV Convención sobre Derechos y Costumbres de la Guerra en Territorios y sus Anexos, el artículo 33 de la IV Convención de Ginebra de 1949 y el artículo 16 de la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos y Deberes Económicos de los Estados, de 1974. La geopolítica de los recursos se mostró aun más evidente cuando, en el 2015, periodistas denunciaron que la pre-candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, estaría recibiendo donaciones de cerca de cinco millones de dólares para su campaña a través de la OCP, estatal marroquí que controla una de las mayores minas de fosfatos del Sáhara ocupado (NCR, 2015).

Como uno de los principales aliados de Estados Unidos en el mundo árabe, Marruecos ha recibido un significativo apoyo económico y militar, en razón de sus agendas de seguridad y tácticas geopolíticas, que se convierte en rentas estratégicas para que la monarquía persista con su política de ocupación del territorio saharaui. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos temían una expansión soviética en África Subsahariana y convirtiese el Sáhara Occidental en un centro de i
rradiación de los ideales socialistas. Por lo tanto, no solo era importante que mantuviesen la monarquía estable en aquel periodo, sino que también aseguraran que el Sáhara Occidental se hiciera independiente, por la “amenaza” que representaba a sus intereses. Eso explica en gran medida porque, entre 1975 y 1990, Marruecos obtuvo más de 1/5 del auxilio total de Estados Unidos para África, siendo más de mil millones de dólares en asistencia militar y 1,3 billones de dólares en asistencia económica (Zoubir, 2010:985).

Con el fin de la Guerra Fría, la “amenaza” no dejó de existir, sino que cambió de rotulo, cuya característica actual es la Guerra Global contra el Terrorismo, liderada por Estados Unidos desde el 2001. La región del Magreb árabe pasa por una reconfiguración de sus dinámicas de seguridad desde que Estados Unidos empezaron a invertir en iniciativas contraterroristas, como la Pan-Sahel Initiative (2001) y el Trans-Sahara Counterterrorism Partnership (2005), con el objetivo de derrotar a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM) y otras organizaciones terroristas regionales, como el Boko Haram. Fortaleciendo las capacidades coercitivas de regímenes regionales, sobretodo de Marruecos, esas medidas, con su perspectiva esencialmente militarista, repercutieron negativamente y alimentaron, paradójicamente, grupos que se radicalizaban como respuesta a la represión policial interna de determinados regímenes del Magreb y del Sahel.

En esa dinámica, el reino de Marruecos pudo aprovecharse una vez más de las rentas estratégicas de la geopolítica global, construyendo mayores barreras para el proceso de independencia y corroborando la construcción de un imaginario (geo)político en el que los saharauis son percibidos como amenaza y los campamentos de refugiados, como un espacio no-gobernado que fomenta actividades de trafico y reclutamiento por organizaciones terroristas locales.

Pese la presión internacional cada vez más grande para que Marruecos se retire del territorio y acabe con la explotación de los recursos naturales, la estrategia utilizada por el reino como intento de desviar la atención de los problemas internos de su país (paro, represión, pobreza, etc.) y de la comunidad internacional, con tal de conquistar apoyo a la anexión del territorio, se ha dado en gran medida a través del mecanismo de adjetivación del movimiento saharaui como terrorista4.

La propaganda ideológica del reino de Marruecos, denunciada por muchos académicos y periodistas [4], es difundida por agencias de noticias y think tanks reputados. Un titular de la revista Time, por ejemplo, afirma : “Hay una nueva amenaza terrorista emergiendo en el Sáhara Occidental, y el mundo no está prestando atención” (Time, 2004). De modo semejante, un titular del periódico The Washington Post declara : “Afiliada de Al Qaeda tensiona sus músculos en el Magreb” (The Washington Post, 2011), en referencia a los campamentos del Sáhara Occidental ; y en el think tank Carnegie Endowment, vemos el título de la siguiente investigación : “Hirviendo descontentamente en el Sáhara Occidental” (Boukhars, 2012).

Ese imaginario político, adherido por algunos de los principales centros de tomada de decisión de Occidente, es extremamente contraproducente para cualquier esfuerzo de reconciliación. Como argumenta la antropóloga Kristina Isidoros :

“Los Saharauis son notables por observar un islam pacífico y una tradición literaria milenaria. Ellos son el grupo menos probable de querer estar involucrado con alguna ‘entidad de Al Qaeda’ porque su objetivo principal es el de conquistar derechos internacionales aceptables. (…) Cualquier involucración con ‘fundamentalismo extremo’ y ‘terrorismo’ devastaría sus posibilidades de alcanzar su derecho internacional y de retornar a su tierra. (…) Aún, mientras refugiados habitando campamentos, ellos están bajo una extrema observación publica por centenares de visitantes extranjeros como funcionarios humanitarios, políticos y académicos.” (Isidoros, 2010:65)

Cualquier decisión política para avanzar el proceso de independencia del Sáhara Occidental debe llevar en cuenta la configuración geopolítica que ha propiciado la prolongación del conflicto a un permanente ímpase. Aunque la Minurso aun sea relevante para la manutención del alto-fuego y de la estructura de apoyo humanitario, la ONU ha agotado todas las posibilidades de una reconciliación con base en la negociación y concesión mutua entre las partes, el Frente Polisario y Marruecos. Apenas una visión realista basada en las dinámicas locales e internacionales del poder dan cuenta del hecho que los actuales esfuerzos diplomáticos de la ONU terminaron por beneficiar el reino de Marruecos y su infraestructura millonaria de explotación de los recursos naturales saharauis, además de la urbanización e integración crecientes de la sociedad en territorio ocupado a la monarquía.

Mientras tanto, los saharauis que sueñan con la independencia permanecen susceptibles a ese gran juego de estrategias políticas cruzadas. En ese sentido, las alternativas políticas para el fin del conflicto pasan necesariamente por el activismo de la sociedad civil de cada país en el mundo, presionando sus respectivos gobiernos a reconocer la independencia saharaui y prohibiendo empresas de participar de actividades de prospección, explotación y comercialización de los recursos naturales del territorio ocupado, que constituye una violación del derecho internacional.

Lejos de idealizadas, tales iniciativas siguen una tendencia establecida que ya ha surtido efectos bastante positivos para los saharauis. Apenas por dar un ejemplo reciente, el Frente Polisario acabó de ganar una batalla judicial en el tribunal europeo que excluye el territorio ocupado del acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea. Según explica la sentencia, sobre la formulación del acuerdo, el Consejo Europeo “debería haber asegurado que no habría indicios de una explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental bajo control marroquí que pudiese ser realizado en detrimento de sus habitantes y en violación a sus derechos fundamentales” (El País, 2015).

Pese al vibrante movimiento alrededor del mundo de resistencia no-violenta, los saharauis no descartan la opción de retomar el conflicto armado, en la medida en que hay una sensación de frustración creciente por la marginalización y el silenciamiento frente al mundo. Así, resta la concientización política de una sociedad civil solidaria e involucrada con la independencia saharaui, que presione sus gobiernos para revertir ese cuadro de crisis humanitaria.

Rodrigo Duque Estrada es investigador en el Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales “San Tiago Dantas” (Unesp, Unicamp, PUC-PSP) y miembro del Grupo de Estudios sobre Conflictos Internacionales (Geci-PUC). Contacto: rodpanzera@gmail.com.