El saqueo de un país

El día 10 de diciembre de 2015 no fue una buena fecha para el rey marroquí Mohammed VI. En ese día él se convertía en la parte derrotada en un juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que los frutos de “su” tierra cultivable en el Sáhara Occidental ocupado serían excluidos del acuerdo de comercio entre Marruecos y la Unión Europea. Fue un día de fiesta para el pueblo saharaui.

El Sáhara Occidental es la última colonia de África y su descolonización sigue incompleta, como consecuencia de un proceso iniciado en los años 1960. En relación al Sáhara Occidental, mucho se habla en los medios de la presencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el terreno y de su fracaso en resolver el conflicto. Sin embargo, lejos de las cámaras, el territorio y el pueblo saharaui sufre con el saqueo de sus recursos naturales, así como los abusos y violaciones por parte de la potencia ocupante, Marruecos, y de otras entidades y países alrededor del globo.

En el inicio del mes de diciembre de 2015 el TJUE emitió su decisión final en el caso del Frente Polisario en contra de la Unión Europea sobre un acuerdo comercial que permitiría la venta de productos pillados del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos a los mercados europeos y, además, con tarifas preferenciales. La sentencia, que invalida el acuerdo en lo que se refiere al territorio saharaui, confirma la ilegalidad del expolio de la riqueza de un pueblo colonizado. La UE (que ya apeló de la decisión a la Corte) posee otros acuerdos comerciales de naturaleza similar con Marruecos. En todos ellos están ausentes las delimitaciones precisas de las fronteras marroquíes –lo que termina por incluir partes del territorio no auto determinado del Sáhara Occidental.

Esa decisión del Tribunal Europeo es, por lo tanto, una gran victoria y un precedente importante para la lucha saharaui. Es también, sin embargo, apenas un primer paso, que deberá ser acompañado de nuevas acciones y de un monitoreo continuo. En este artículo hacemos un breve resumen de la cuestión de los recursos naturales en el Sáhara Occidental.

El Sáhara Occidental es increíblemente rico en recursos naturales. Sus reservas –no-renovables– de agua son utilizadas de manera ilegal y abusiva en estufas pertenecientes a un conglomerado de la familia real marroquí con Francia en la ciudad ocupada de Dakhla. Las frutas y legumbres producidos allí son en seguida exportados a supermercados en Europa. Sus olas son utilizadas por desvergonzados surfistas de kite-surfing y agencias de viajes. Su energía solar y eólica es capturada para uso en grandes proyectos de energía renovable y su arena es colectada y embarcada para adornar las playas de las Islas Canarias españolas.

El territorio posee inmensas áreas pesqueras, reservas de sal y es líder mundial en reservas de fosfatos (insumo fundamental para la producción de fertilizantes agrícolas). Apenas en 2014, la mina de Fos Bucraa generó un total estimado de 2,1 millones de toneladas de fosfato, con un valor aproximado de 230 millones de dólares. Posiblemente, en el futuro, puede sorprendentemente hacerse líder también –en términos comerciales– en el mercado de petróleo (WSRW, 2015).

En el final de 2014, inicio del 2015, la explotación marítima de petróleo (llamada de offshore) por la Kosmos y la Cairn Energy fue iniciada en Boujdour, seguida de la explotación en tierra (conocida como onshore) por la San Leon, cerca de El Aaiun ocupada.

Son muchos los gobiernos y las empresas involucrados en el pillaje del Sáhara Occidental, abarcando tanto los sospechosos de siempre –multinacionales con sede en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, además de la Unión Europea– pero también algunas sorpresas, incluyendo el gobierno de Venezuela, que apoya el Frente Polisario, así como empresas con sede en otros países supuestamente apoyadores de la causa.

La enorme cantidad de riqueza acumulada por Marruecos en la venta de recursos naturales procedentes del Sáhara Occidental ayuda en la compensación de los recursos gastos por el país con la ocupación. No se puede olvidar que un tercio de los marroquíes presentes en territorio saharauis son soldados y, además de ellos, también hay un numero grande y desconocido del público de policiales civiles, agentes encubiertos, policías militares, agentes del Ministerio del Interior y de órganos de inteligencia. Por fin, deben ser contabilizados también los costos asociados a la manutención del infame muro marroquí, la más extensa barrera militar en funcionamiento (con 2,5 mil km de extensión), patrullada por 100 mil soldados (Zunes; Mundy, 2010:158 y San Martín; Allan, 2007).

Acuerdos formales para la explotación de recursos naturales firmados entre Marruecos y la Unión Europea, por ejemplo, o con otros Estados y grandes multinacionales, se refieren al Sáhara Occidental como parte del territorio marroquí, ayudando a perpetuar la ocupación. Son también cómplices en las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población saharaui en los Territorios Ocupados y fragilizan el proceso de paz liderado por la ONU. Además, en el caso de recursos no-renovables, el pillaje también significa que el pueblo saharaui será privado de la riqueza de su propio país cuando finalmente alcance su independencia, sin mencionar la degradación ambiental que las actividades pesqueras ya están causando (OSRN, 2013).

La población del Sáhara Occidental no se beneficia de esa intensa explotación. Saharauis en las zonas ocupadas han manifestado casi a diario su descontento, exigiendo el pleno goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como el fin de la explotación de los recursos naturales de esos territorios. En el fin de diciembre de 2015, por ejemplo, la policía marroquí reprimió violentamente un grupo de estudiantes saharauis en el paro, muchos de los cuales terminaron gravemente heridos. Entidades de derechos humanos como la Human Rights Watch, Amnistía Internacional, RFK Foundation, así como relatores especiales de las Naciones Unidas vienen destacando las constantes violaciones cometidas por Marruecos en esas zonas ocupadas. Los abusos van desde los insultos verbales a la intimidación por parte de la policía marroquí o de agentes del Estado contra los saharauis, pasando por detenciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Recientemente, especialistas en derechos humanos saharauis y españoles descubrieron fosas comunes en el Sáhara Occidental en las cuales se cree que estén enterrados víctimas saharauis de ejecuciones masivas (Beristain; Hidalgo, 2009).

La explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y de sus socios es absolutamente ilegal. En una respuesta directa a la explotación conducida por la industria de petróleo en los territorios ocupados, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió un parecer en 2002 afirmando que cualquier prospección o extracción de recursos naturales del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui seria una violación del derecho internacional. El autor de esta opinión jurídica en el ámbito de la ONU criticó a Kosmos, una de las empresas mencionadas anteriormente por sus actividades extractivas en el Sáhara Occidental, enfatizando la inmoralidad y la ilegalidad de sus actividades (Corell, 2002). El año de 2015 también estuvo marcado por un avance normativo en el ámbito de la Unión Africana (UA) con la publicación de un parecer jurídico consultivo acerca de la prospección y extracción de recursos naturales en el Sáhara (The African Union, 2015). El párrafo 60 de este parecer sintetiza bien el panorama jurídico de la cuestión y clama por un boicoteo pan-africano a todas las entidades y países involucrados en el expolio:

Corporaciones, Estados y grupos de Estados como la UE se niegan a consultar el Frente Polisario, el representante legitimo del pueblo saharaui en el proceso de paz liderado por la ONU, sobre sus planes de comprar recursos saharauis de Marruecos. Tampoco han dialogado con la sociedad civil saharaui, cada vez más enfática en su “no” a la extracciones de recursos naturales de su territorio.

En los Territorios Ocupados, manifestantes ponen en riesgo –como se vio anteriormente– su vida y su integridad física al oponerse a las autoridades marroquíes mientras denuncian las actividades de empresas extranjeras involucradas en el pillaje. Mientras tanto, en los campamentos de refugiados, grupos tales como el Observatorio Saharaui de Recursos Naturales (OSRN) y la Campaña Saharaui en Contra el Pillaje (SCAP) han sensibilizado y movilizado los refugiados sobre el tema de la extracción de recursos. Una reciente manifestación en contra de la empresa petrolífera británica/irlandesa San Leon consiguió reunir 8 mil personas en el campamento de Auserd [1].

No recae solamente sobre los saharauis la tarea de denunciar ese espolio. Ciudadanos de países involucrados en esta explotación o que son sede de empresas que realizan el pillaje son también partes-interesadas y pueden incluso estar, aun que sin conocimiento de causa, consumiendo bienes saqueados. Activistas internacionales solidarios con grupos como el Western Sáhara Resources Watch (WSRW) pueden incidir sobre las empresas involucradas en la explotación de esos recursos naturales en su propio país de origen. Ellos contactan estas empresas, explicándoles las implicaciones morales y legales de sus actos. Caso las mismas no interrumpan sus actividades, los activistas pasan a denunciarlas en los medios y a pedir a sus principales accionistas a desinvertir, ya habiendo logrado algunos éxitos significativos en ese sentido [2]. Realizar investigaciones sobre las actividades de las empresas involucradas en la explotación de recursos naturales también es fundamental. Un informe en esos moldes, hecho por la WSRW, fue el único a ser admitido por el Tribunal Europeo como prueba en el reciente caso del Frente Polisario contra la UE [3].

La explotación extranjera e ilegal de los recursos naturales de un país colonizado viola el derecho internacional. Aun así, países y empresas multinacionales siguen impunemente con sus actos criminales, destrozando el presente y el futuro de poblaciones enteras apenas para satisfacer su ganancia. En el caso del Sáhara Occidental, la reciente sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Europeo es muy importante en el sentido de penalizar tanto a Marruecos como a la UE a anular un acuerdo firmado por ambos para saquear recursos de un territorio ocupado.

La cuestión es aún más grave dado que afecta drásticamente la biodiversidad de las ricas aguas saharauis además de otras amenazas que la extracción exacerbada viene causando al medio-ambiente de la región. Y es por eso que el parecer jurídico de la Unión Africana, ya mencionado, concluyó claramente que:

Esta seria, por supuesto, la posición que la ONU debería tomar. ¿Será, entretanto, capaz de actuar en conformidad con el derecho internacional después de tantas décadas tolerando una ocupación ilegal en detrimento de las vidas, del futuro y de los intereses de una nación entera bajo dominio colonial?