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La legitimidad de la RASD y su ocupación militar por Marruecos según el Derecho Internacional

Manifestación saharaui ante el muro de defensa militar de Marruecos constuido en el Sahara Occidental.

El conflicto sobre el Sahara Occidental ha sido, y sigue siendo, un tema muy complejo que atrae la atención internacional. Les presentamos una reflexión de Alžběta Machalová.

En el corazón de la disputa se encuentra la cuestión de la legitimidad de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en oposición al control militar marroquí sobre el territorio. Ha habido esfuerzos para resolver el conflicto liderados por las Naciones Unidas. La disputa plantea una serie de preguntas sobre el papel de los esfuerzos diplomáticos y el derecho internacional, ya que la región tiene un estatus muy especial. Las Naciones Unidas se refieren al Sahara Occidental como un « territorio no autónomo », uno de 17 en el mundo. El conflicto también está contribuyendo a la inestabilidad regional y alimentando la tensión en el noroeste de África, principalmente entre Marruecos y Argelia, ya que estos países tienen vínculos estrechos con varios grupos militantes que podrían llevar a la región del Sahel a una guerra.

Antecedentes históricos

El Sahara Occidental, un área de aproximadamente 252,120 km cuadrados, se encuentra en la costa noroeste de África. Limita con Argelia, Marruecos y Mauritania, y estuvo bajo administración española hasta 1976. Desde entonces, ha habido un conflicto en curso, a veces más o menos latente. A raíz de un documento conocido como los Acuerdos de Madrid de 1975, una declaración hecha por España, Marruecos y Mauritania que afirmaba que el territorio del Sahara Occidental debía ser descolonizado y administrado temporalmente por los países firmantes, pero principalmente que se respetarían las opiniones de la población del Sahara Occidental, el territorio fue invadido y ocupado por tropas marroquíes y mauritanas el mismo año.

El conflicto estalló cuando Marruecos y Mauritania dividieron el territorio entre ellos. Mientras tanto, el Frente Polisario, pro-independencia y respaldado por Argelia, que apoya al Frente financieramente, políticamente y militarmente, y que desde 2020 alberga aproximadamente a 170,000 refugiados saharauis, proclamó un estado soberano de la República Árabe Saharaui Democrática. Después de una serie de logros militares del Frente Polisario, Mauritania se retiró en 1979, dejando su parte del territorio a Marruecos.

En 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió en su Resolución 690 (1991) establecer la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). Tanto Marruecos como el Frente Polisario acordaron un alto el fuego que no ha sido violado por ninguna de las partes hasta 2020. El conflicto, que había estado latente durante casi 30 años, comenzó de nuevo cuando Marruecos lanzó una operación militar el 13 de noviembre. El fin del alto el fuego fue un resultado directo de un bloqueo de carretera por parte del Frente Polisario que impidió que cientos de camiones entraran al Sahara Occidental a través de Mauritania. Hasta la fecha, no se han reportado bajas, sin embargo, el conflicto renovado ha aumentado la tensión regional, así como la tensión global respecto a este conflicto.

El derecho a la autodeterminación

El derecho a la autodeterminación es un principio fundamental del derecho internacional. Está ampliamente reconocido en varios tratados internacionales como la Carta de las Naciones Unidas o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Carta misma determina « la autodeterminación de los pueblos » como uno de los propósitos principales de las Naciones Unidas. Este derecho elemental incluye el derecho de los pueblos a decidir su propio gobierno y, por lo tanto, participar en cuestiones de independencia, autonomía o legitimidad de tales gobiernos.

Los Acuerdos de Madrid de 1975 no son generalmente reconocidos por los estados de las Naciones Unidas ya que no hay ninguna disposición que transfiera la soberanía sobre el territorio en conflicto. Según el derecho internacional, hasta que no haya otra potencia administrativa reconocida sobre el territorio, España sigue siendo la encargada. En ese caso, el Sahara Occidental a menudo se refiere como « La última colonia de África » porque incluso el control marroquí no es ampliamente reconocido por la comunidad internacional. La Corte Internacional de Justicia proporcionó una opinión consultiva bajo el Artículo 65, párrafo 1, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en 1975, concluyendo que no se puede establecer ningún control territorial marroquí sobre el Sahara Occidental.

El proceso de descolonización se completará una vez que haya un referéndum que refleje el derecho a la autodeterminación. Esa es la razón principal para el establecimiento de MINURSO, para resolver todos los asuntos necesarios para el referéndum en el que debería decidirse por el pueblo del Sahara Occidental si desean la independencia o la integración del territorio con Marruecos.

Existencia de la RASD desde la perspectiva del derecho internacional

Hay cuatro elementos constitutivos según la Convención de Montevideo de 1933 que determinan si un estado existe o no, según el derecho internacional: territorio definido, población permanente, poder de gobierno y la capacidad de entrar en relaciones internacionales. El territorio en este caso es bastante indiscutido en cuanto a su ubicación y tamaño. La población en cuanto a su origen y composición es un poco más compleja. Las personas que viven en el Sahara Occidental se refieren como saharauis, cuyo significado etimológico es « habitante del desierto ». Originalmente son bereberes nómadas establecidos en el noroeste de África. Con la llegada del Islam, el patrimonio compuesto de los saharauis, tal como se conoce hoy en día, es el de bereberes, árabes y otros clanes del Sahel. Sin embargo, no se pueden clasificar aún como una población, y por lo tanto no cumplen con la necesidad de una población permanente según la Convención de Montevideo.

Los primeros dos elementos pueden marcarse fácilmente como cumplidos. Sin embargo, la cuestión del poder de gobierno representa el problema principal por el cual la RASD no es generalmente, con ciertas excepciones que se discutirán más adelante, reconocida como un estado existente por la comunidad internacional. Existen dos cuerpos que pueden percibirse posiblemente como el poder gobernante del territorio saharaui. No obstante, ninguno de esos cuerpos es elegible para actuar como un gobierno soberano del Sahara Occidental ya que no ha habido aún el tan esperado referéndum que al mismo tiempo es imposible de llevar a cabo debido a estos dos cuerpos, creando así un círculo vicioso. Estos son el ya mencionado gobierno marroquí y el Frente Polisario.

Ambas potencias han encontrado apoyo dentro de la comunidad internacional y ambas controlan una parte del territorio del Sahara Occidental. El Frente Polisario, un movimiento pro-independencia, basado en y apoyado por Argelia, comprende saharauis étnicos. Es un gobierno en el exilio, que no realiza elecciones regulares. Por otro lado, el Frente Polisario realiza congresos regulares donde se eligen sus líderes, por lo tanto, aunque no pueden tener lugar elecciones regulares, al menos existe esta forma de sistema « democrático ». Por el contrario, el gobierno marroquí percibe el Sahara Occidental como parte de su propio territorio.

Como Marruecos es generalmente reconocido por la comunidad internacional, es elegible para entablar relaciones con otros países y ha establecido relaciones diplomáticas con varios de ellos. No obstante, esta capacidad solo se relaciona con el territorio reconocido de Marruecos, no con el territorio del Sahara Occidental.

La capacidad de establecer relaciones diplomáticas con otros países va de la mano con el reconocimiento internacional del cuerpo gobernante. El reconocimiento internacional no es un elemento constitutivo de un estado, sin embargo, en este caso, juega un papel muy importante ya que la comunidad internacional está dividida sobre este tema. A partir de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció al Frente Polisario como el representante legítimo del Sahara Occidental. A pesar de esta visión, muchos países europeos como Austria e Italia apoyan el plan marroquí para la autonomía ya que lo perciben como una base para una solución razonable aceptable para todas las partes del conflicto, y por lo tanto indirectamente reconociendo la soberanía marroquí sobre el territorio. El plan marroquí para la autonomía para la región del Sahara es un documento presentado al Secretario General de la ONU en 2007. El Consejo de Seguridad en su Resolución 1754 (2007) acogió con satisfacción los « esfuerzos serios y creíbles de Marruecos para avanzar el proceso hacia la resolución » y expresó la necesidad de « respeto de los acuerdos militares con MINURSO con respecto al alto el fuego » y decidió seguir ocupándose del asunto.

Otros actores importantes en el campo internacional que reconocen la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental son los Estados Unidos de América, Israel, Gran Bretaña o España. En total, hay 28 estados que abrieron sus consulados en el territorio ocupado del Sahara Occidental como una expresión de apoyo a Marruecos en este conflicto.

La República Checa no ha sido particularmente vocal sobre su postura respecto al conflicto del Sahara Occidental y generalmente armoniza su posición con la Unión Europea. Sin embargo, la declaración oficial de la República Checa es que respeta el papel principal de las Naciones Unidas y, por lo tanto, la misión de MINURSO, aunque no la apoya materialmente ni en términos de personal. Además, la República Checa nunca ha reconocido oficialmente a la RASD ni ha establecido relaciones diplomáticas con ella.

Membresía en la Unión Africana

A pesar de que no hay consenso sobre la existencia de la RASD como un país gobernado por el Frente Polisario, la RASD tiene la capacidad de establecer relaciones diplomáticas y entrar en tratados internacionales en el contexto del continente africano. Es uno de los 55 miembros de la Unión Africana (UA) con su propio representante permanente en la institución. Desde su adhesión a la UA (entonces conocida como la Organización de la Unidad Africana) ha establecido relaciones funcionales con muchos otros estados miembros. Algunos estados miembros han reconocido a la RASD como un estado existente desde el 27 de febrero de 1976, con su propio gobierno, Presidente Brahim Ghali (a partir de 2024) e incluso su propia moneda, el peseta saharaui.

Al reconocer al Frente Polisario como un gobierno oficial de la RASD y, por lo tanto, permitirle establecer relaciones diplomáticas, se cumplen los otros dos elementos fundamentales que determinan la existencia de un estado: poder de gobierno y la capacidad de entrar en relaciones internacionales. Y la RASD de hecho se ha comprometido y ratificado muchos tratados internacionales a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es la ratificación del Protocolo sobre los Derechos de las Mujeres. La RASD se convirtió en el 43.º miembro de la UA en ratificar este tratado en 2022, demostrando que puede comprometerse no solo con tratados internacionales generales, sino también con tratados de derechos humanos.

Por otro lado, ha habido cierto retroceso diplomático en cuanto a la membresía de la RASD en la UA. Como la RASD es reconocida como un estado por menos de la mitad de los estados miembros de la UA, ocurrió una crisis diplomática cuando Marruecos se reincorporó a la UA en 2017. Dado que muchos estados apoyan a Marruecos en el conflicto sobre el Sahara Occidental, surgen otros dilemas sobre la membresía de la RASD. Con la Unión Europea siendo el mayor financiador de la UA, se ha planteado la pregunta de si la RASD puede participar en las cumbres África-UE. La Unión Europea, no teniendo una opinión unánime, ha superado diplomáticamente esta pregunta identificándola como una cuestión interna de la UA. Sigue siendo un hecho que muchos estados miembros de la UE y la UA perciben al Frente Polisario como la potencia representativa de los saharauis que viven en el exilio, principalmente en campamentos de refugiados en Argelia, y por lo tanto, no siendo el poder gobernante en el Sahara Occidental.

La MINURSO y más implicaciones del conflicto para las relaciones internacionales

El mandato de MINURSO se está extendiendo continuamente por la ONU. Sin embargo, varios estados han expresado sus preocupaciones de que las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU deben ser rentables y basadas en resultados y, dado que MINURSO no corresponde a estos conceptos, no hay necesidad de ella. El principal defensor de esta narrativa son los Estados Unidos. Según la administración del ex Presidente Trump, la misión no ha cumplido el propósito para el cual fue creada y se alinea con el plan de autonomía marroquí de 2007 para el Sahara Occidental. La administración de Biden actualmente juega un papel algo más asertivo que la anterior ya que intenta reabrir las negociaciones fallidas de la ONU. En 2023, funcionarios estadounidenses han interactuado con todas las partes del conflicto en un intento por contener las tensiones regionales y renovar el marco de la ONU con el objetivo de un referéndum.

La visión opuesta de los Estados Unidos la presenta Francia. Acoge con satisfacción la adopción de la resolución que renueva el mandato de MINURSO. El representante de la misión permanente ante la ONU ha expresado una postura oficial de Francia que elogia el trabajo de MINURSO, el cual desempeña un papel clave en la estabilización de la región y, por lo tanto, creando las condiciones necesarias para restaurar el proceso político de negociación.

Además, hay preocupaciones legítimas sobre el estado de los derechos humanos en la región. Human Rights Watch ha estado monitoreando el territorio, concluyendo que el estándar de derechos humanos no se cumple. Como Marruecos controla gran parte del territorio y rechaza cualquier demanda de referéndum, las personas están privadas del derecho a la autodeterminación que incluiría una opción de independencia de Marruecos. Las autoridades marroquíes también prohíben cualquier reunión de autodeterminación saharaui y persiguen a activistas de la independencia saharaui, violando así el derecho a la reunión y la libertad de expresión.

Conclusión

La cuestión del poder gobernante en el Sahara Occidental, ya sea la República Árabe Saharaui Democrática o Marruecos, sigue siendo un desafío formidable en el campo del derecho internacional. Aunque la comunidad internacional lucha por resolver el conflicto en curso, los actores principales no parecen estar más cerca de la solución que hace 30 años. El derecho a la autodeterminación continúa moldeando el discurso del conflicto y podría ser la razón principal por la que se está renovando el mandato de MINURSO.

Dado que este conflicto es algo específico en comparación con otros conflictos armados que ocurren actualmente, es difícil aplicar patrones del marco legal internacional aplicables a tales conflictos armados. Es aún más difícil ya que el conflicto está cubierto por la cuestión de la existencia de la RASD. Marruecos cumple con los cuatro elementos constitutivos de un estado y el Frente Polisario también podría representar el poder gobernante, sin embargo, aún no es suficiente para determinar el estatus del Sahara Occidental en este caso. Por lo tanto, como los cuatro elementos básicos no son suficientes, hay una necesidad de más elementos que determinarían precisamente la existencia de un estado. Tales elementos tendrían que ser reconocidos por la comunidad internacional y podrían ser, por ejemplo, el reconocimiento internacional, el sistema legal existente o las instituciones gubernamentales permanentes.

Además, el impacto de la disputa superó las consideraciones legales hace mucho tiempo. Hoy en día, abarca una dimensión económica, geopolítica e incluso humanitaria. La pregunta sigue siendo, si la misión de las Naciones Unidas tiene los medios para alcanzar una solución que sea aceptable para ambas partes del conflicto y esté en cumplimiento con el derecho internacional, o si la tensión que se puede observar en estos tiempos se intensificará en un conflicto armado completo que afectaría a toda la región.

Alžběta Machalová es una pasante en el Centro de Derecho Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales.

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