La deuda española con el Sáhara Occidental

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El día 30 de noviembre de 2010, se publicó en el diario El Mundo, un artículo de Manuel Trigo Chacón, en el cual el autor opina que los errores históricos acaban pagándose, y en la actualidad España no puede tener sino mala conciencia por haber cedido el territorio del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

LA DEUDA ESPAÑOLA CON EL SÁHARA OCCIDENTAL

La brutal represión ejercida por Marruecos en el Sáhara ha vuelto a poner de actualidad un territorio sobre el que conviene hacer un repaso a su historia reciente. Hasta 1965 era una región desértica con escaso interés. Sin embargo, ese año cambió completamente la percepción sobre el territorio, al descubrirse en él los grandes yacimientos de fosfatos de Bu-Cra, los más importantes del mundo. Además, las prospecciones petrolíferas en sitios cercanos a la costa han insinuado la posibilidad de explotación de importantes pozos de gas y petróleo. Por no hablar de los abundantes bancos de pesca en su litoral. Todo ello hizo que el Sáhara se convirtiese a partir de los 70 en un enclave con grandes posibilidades económicas, lo que despertó el gran interés de Marruecos y también de sus aliados EEUU y Francia.

De otro lado, el asunto de la delimitación de su mar territorial -con una extensión que va desde el río Dra en el norte, hasta el cabo Blanco en el sur del Atlántico, que es superior a la de Marruecos- hace que tenga la mayor importancia. Para España, dicha zona marítima costera constituye la espina dorsal de las Islas Canarias. En una visita del presidente Zapatero al rey Mohamed VI se veía un mapa de Marruecos que incluía las Canarias como pertenecientes a la Monarquía alauí.

Establecer una delimitación exacta de las aguas que legalmente le corresponden a Marruecos, de las que forman parte del norte del Sáhara, y de las que son del archipiélago de Canarias, no es tarea fácil. La anchura del mar territorial está limitada a 12 millas desde la línea de base o bajamar, siempre que no exista enfrente la competencia de otro Estado, en cuyo caso habrá que aplicar el principio de la equidistancia. El problema se complica con la extensión de la Zona Económica Exclusiva, cuya anchura puede llegar a las 200 millas de la línea de base, y en el Sáhara se encuentra con la línea de costa adyacente del archipiélago de Canarias. Naturalmente, para España es necesaria una delimitación precisa y mediante convenio.

Si nuestro país no cedió la soberanía sobre el territorio saharaui, tampoco lo hizo sobre las aguas. Y en virtud del artículo 56.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Mar, mantiene dicha soberanía en la zona del Sáhara, lo que, claro está, no reconoce Marruecos. Surge así un conflicto permanente, al que hay que añadir el apoyo a la población saharaui que fue desplazada de su territorio. El problema es de difícil solución para España, ya que Rabat ha contado siempre con dos aliados fieles en la Casa Blanca y el Elíseo.

Veamos el proceso histórico. En los años finales del siglo XIX, Francia se puso de acuerdo con Inglaterra y, ante el desbarajuste tremendo de África, desde el Magreb a Ciudad del Cabo, se repartieron el continente. Estas dos potencias colonizadoras han sido las más déspotas, crueles, egoístas y expoliadoras de la criminal y sangrienta Historia moderna de África. También Bélgica, a la que en la Conferencia de Berlín de 1885 se le cedió el Congo, como propiedad privada del rey Leopoldo, es un ejemplo de colonización criminal, con torturas, mutilaciones y esclavitud. Ahí está la novela del reciente Nobel de Literatura, Vargas Llosa, que narra la inhumana y sangrienta colonización belga. A España, por un nuevo tratado, negociado en París y firmado el 27 de febrero de 1900, se le reconocía el territorio del Sáhara Occidental, pero dejando fuera y para Francia las ricas salinas de Lyil y la Bahía de los Galgos, ricas en pesca.

El Reino de Marruecos, que antes fue protectorado hispano-francés, siempre tuvo la ambición de extenderse por toda la costa Atlántica, hacia el sur, incluida Mauritania. Esa reivindicación será constante e incluso originará la guerra de Ifni (1957-1958). España, en las postrimerías del franquismo, llevó el caso al Tribunal Internacional de La Haya, que en 1975 hizo público su dictamen consultivo, según el cual no se habían encontrado lazos de soberanía de Marruecos ni de Mauritania, sobre el territorio del Sáhara Occidental. Luego no hay nada que se oponga a la autodeterminación saharaui. España debió entonces ceder el gobierno y el territorio al Frente Polisario, pero no lo hizo por temor a Rabat.

Hasta la segunda mitad del siglo XX, la población saharaui era fundamentalmente nómada y hospitalaria. Celosa de su independencia, amaba el desierto y no tenía ninguna sumisión al sultán de Marruecos. Pero las relaciones directas de los españoles con los saharauis fueron tardías. Hasta 1916 no se ocupó Cabo Juby y hasta 1920, La Guara, en cabo Blanco, que sería base de apoyo de los pesqueros canarios. En 1934, con el Gobierno de la República, se consiguió ocupar la mítica ciudad de Smara, en pleno desierto, consiguiendo una convivencia pacífica con las numerosas tribus nómadas saharauis.

Comenzó así una época de paz y amistad, que se vio perturbada cuando, en 1956, con motivo de la independencia del protectorado de Marruecos, el sultán Mohamed V comenzó una fuerte reivindicación internacional ante la ONU sobre el territorio del Sáhara español. Franco y Carrero decidieron establecer una política de permanencia indefinida en el territorio, llegando a originar una gran fricción jurídica en 1958, como fue el convertir en provincia española el Sáhara, con su capital en El Aaiún. El pueblo saharaui se sentía cómodo con la Administración española, pero pronto comenzaron a intervenir los nacionalismos locales, financiados por Marruecos contra España, apareciendo en 1973 el Frente Polisario como un movimiento independentista y de liberación nacional.

Entre España y el pueblo saharaui se interpusieron los intereses de Hasán II y su idea de un Imperio Cherifiano que llegase hasta el río Senegal. Le apoyaba en su ambición EEUU, que no veía claro el devenir político en España. Con la ayuda de la CIA, Marruecos preparó su Marcha Verde, que originó una penetración pacífica y pactada de 10 kilómetros en dirección a El Aaiún. El Gobierno español, con Franco moribundo, sin saber qué hacer y en una decisión secreta, firmó la orden de evacuar el Sáhara el 10 de noviembre de 1975. Se abandonó a su suerte al pueblo saharaui.

Por los acuerdos de Madrid, de 14 de noviembre de 1975, España cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. El pueblo saharaui, debido al hostigamiento de esos dos países, abandonó su territorio, en una marcha trágica a través del desierto, en la que se desplazaron 300.000 habitantes, de los que llegaron finalmente a Tinduf (Argelia), unas 200.000 personas. Allí permanecen desde hace 35 años, olvidados del mundo y de la ONU, incapaz, por la influencia de EEUU, de organizar un referéndum ni de dar una solución al conflicto.

¿Qué puede hacer España? Todo menos mostrarse débil ante Marruecos y ante el resto del mundo. Bien es cierto que no se va a ir a una guerra por devolver el Sáhara a los saharauis, pero, ¿dónde está la conjunción planetaria entre Zapatero y Obama de la que hablaba la ahora ministra Pajín? Nada más simple que llamarle y pedirle que Marruecos contenga sus ímpetus hacia los pobres saharauis. Un país que se precie, con un Gobierno y un presidente serio, tomaría la iniciativa diplomática en la ONU y ante la comunidad internacional. Ya sabemos que en el Consejo de Seguridad no ha habido ninguna investigación ni sanción contra Marruecos, porque para eso está EEUU, para vetarla. En la Asamblea General sí es posible acusar a Marruecos, aunque para ello España debería adoptar una postura seria y firme.

La del Sáhara es la larga trayectoria de un pueblo, con una personalidad y una cultura propias, y una tradición de independencia a través de los siglos que llega a un punto crucial de su Historia, que parece no tener retorno, en este mes de noviembre de 2010 cuando precisamente se cumplen 35 años desde que tuviera que abandonar su territorio, en el que había vivido durante siglos.

El asalto al campamento Gdeim Izik no ha sido sino un acto más de la postura de fuerza de Marruecos. La firmeza del ministro de Interior alauí que vino a España a ordenar silencio y manos quietas a Rubalcaba nos hace pensar si no le habrá advertido del peligro que supone para España el que se sepan cosas del 11-M bien guardadas por los servicios secretos marroquíes y que Rubalcaba bien debe conocer.

Las Naciones Unidas, esa organización que sólo está al servicio de los poderosos y que se ha quedado obsoleta en los tiempos que vivimos, no ha sido capaz de resolver nada, con el plan para el Sáhara de Pérez de Cuéllar, que estaba perfectamente detallado, ni con el del enviado espacial James Baker, de EEUU, ni con la actual Minurso (Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental). Solo podrá ser la comunidad internacional, movilizada por España, o mejor por el pueblo español -ya que el Gobierno de Zapatero se inhibe-, la única fuerza pacífica que puede presionar y pedir la justa reivindicación de un pueblo, a quien se le ha obligado a dejar su territorio y que vive aislado y abandonado en medio de las arenas del desierto.

Si a partir de la Carta Magna de la Descolonización de 1960 la ONU impulsó la independencia de todos los territorios de África bajo administración colonial, formando un mosaico de estados independientes a los que se les aplicó el principio del uti posidetis, es decir, el respeto a las fronteras coloniales, ¿cómo es posible que en el caso de España no se haya permitido mantener ese principio del respeto a las fronteras coloniales, delimitado por el Tratado de París de 27 de febrero de 1900, cuando tenía todos los requisitos para haber realizado la autodeterminación y la independencia del Sáhara Occidental y de su población?

Los errores históricos acaban pagándose, y en la actualidad España no puede tener sino mala conciencia por haber cedido el territorio del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Sólo le cabe a nuestro país alegar que en aquel momento se encontraba en una difícil transición política de un régimen dictatorial a otro en el que no se veía claro el futuro, y que las decisiones de gobierno, por consiguiente, deberían de considerarse nulas al estar contaminadas por el temor y la coacción política que indudablemente vician el consentimiento y hacen que no sea otorgado libremente. La nulidad plena de aquellos Acuerdos de Madrid y de las acciones de fuerza auspiciadas por Marruecos pondría el litigio en sus justos términos y haría viable una solución para esa pobre población errante, que le permitiese volver, si no a todo, a una parte considerable del antiguo territorio del Sáhara, donde hay sitio para todos.

Manuel Trigo Chacón, doctor en Derecho Internacional

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