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La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis considera que es una venganza real por la lucha de Sultana por los derechos humanos y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia”.
“Las fuerzas de seguridad marroquíes me han amenazado de muerte claramente si continúo expresando mis posiciones políticas y rompiendo el intento de las autoridades de ocupación de imponer un apagón a la causa saharaui en las ciudades ocupadas“. Sultana Jaya.
Con esta declaración de la activista de Derechos Humanos inicia el informe “Situación de Sultana Sid Brahim Jaya y su familia, 11 meses de asedio y agresiones” la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), difundido en los ccampamentos de refugiados saharauis el 13 de octubre.
El informe relata las constantes agresiones sufridas por la familia Jaya en su casa de Bojador, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, desde el 19 de noviembre de 2020, cuando Sultana regresó de una estancia en España.
Ese día, Sultana fue detenida a la entrada de Bojador, humillada y amenazada si continuaba con defensa de los derechos humanos; al mismo tiempo, agentes de paisano entraron en la casa familiar y agredieron a su hermana Luaara y a su madre, Minatu Embeirik, de 84 años, que perdió el conocimiento. Las autoridades marroquíes no permitieron la llegada de una ambulancia hasta cuatro horas después, a pesar de las llamadas de auxilio de su hija y familias del barrio.
El informa relata que “unas 20 camionetas y vehículos de la policía, la gendarmería, el ejército y el servicio secreto rodearon la zona y cortaron la calle, impidiendo que nadie se acercara a la casa”. Empezó el confinamiento sin orden judicial de la familia Jaya, que dura hasta hoy.
Esta es la situación que describe: “Son al menos cuarenta agentes movilizados, las 24 horas del día, veinte de ellos in situ todo el tiempo. Nadie puede entrar a la casa de Jaya excepto ellos. Todos los días asaltan, amenazan, intimidan, violan sexualmente a voluntad. Todas las autoridades coloniales se movilizan para silenciar a Sultana Sid Brahim Jaya y su familia cueste lo que cueste. Esta es claramente una venganza real y como prueba, todas las instancias marroquíes brillan por su silencio y su indiferencia, incluso por su complicidad, como el denominado Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.
En el recorrido que hace el informe durante los once meses que dura el “arresto domiciliario” se da cuenta de las continuas agresiones de los agentes: golpean la puerta y lanzan piedras por las ventanas, principalmente por la noche; arrojan un líquido fétido negro al pie de la puerta y por las ventanas, que provocaba náuseas y mareos a los miembros de la familia; impiden que se salga o entre en la casa, incluidos quienes llevan comida o medicinas; insultan y agreden cada vez que ondean la bandera saharaui; piratean sus móviles; entran de madrugada y agreden verbal , física y sexualmente a las mujeres, como hicieron unos encapuchados que violaron a Luaara con palos y objetos metálicos.
Este es relato de lo que ocurrió, por ejemplo, el 22 de agosto: las fuerzas marroquíes irrumpieron en la casa y agredieron salvajemente a Sultana, a su hermana, a su madre y a otros familiares y activistas que acudieron a expresar su solidaridad. El nieto de Luaara, de cuatro años, también fue torturado y quedó cubierto de sangre después de una grave lesión en la cabeza. Sultana fue objeto de una agresión brutal y obligada a respirar una sustancia desconocida por la boca y la nariz, amenazada con ser liquidada físicamente. Uno de los agresores dijo que tenía 10 días de vida y que solo se salvaría si se arrepentía y pedía perdón al rey. Días después, Sultana y su hermana Um El mumnin resultaron contagiadas por COVID-19.
AFAPREDESA afirma que esta conducta marroquí, tan ilegal como abyecta, es una venganza contra Sultana “por sus posiciones a favor de los derechos humanos y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia”
La asociación pide a la comunidad internacional que actúe urgentemente para salvar la vida de Sultana y asegurar su integridad física y psíquica, así como las de sus familiares, llamamiento que concreta en Naciones Unidas, Unión Africana, Unión Europea, Comité Internacional de la Cruz Roja y, especialmente, en los gobiernos de España, potencia administradora de iure, Estados Unidos y Francia.
Contramutis, 13/10/2021
