El Sáhara Occidental, la Administración Biden y los derechos humanos

Durante décadas, el pueblo saharaui del Sáhara Occidental se ha movilizado por el objetivo respaldado por la ONU del derecho a expresar su elección de independencia o integración con el Estado marroquí. A pesar del apoyo internacional, a los saharauis se les ha negado esta libertad de expresión y otros derechos humanos por parte de un gobierno marroquí represivo y un gobierno militar, uno afianzado desde su anexión y reclamación de soberanía sobre el Sáhara Occidental en 1975. En diciembre de 2020, el entonces presidente Trump rompió drásticamente con la política establecida de Estados Unidos, el consenso internacional y las resoluciones de la ONU para reconocer formalmente el control de Marruecos sobre el Sáhara Occidental en un quid pro quo para que Marruecos normalizara sus relaciones con Israel. Pero en el proceso, Trump desestimó los derechos humanos de los saharauis, marginando aún más a un pueblo oprimido que ya lucha por mantener su voz colectiva, lo cual es injustificable. Miles y miles de saharauis han visto cómo su expresión y sus protestas pacíficas y legítimas se han enfrentado a inquietantes abusos y a una represión extrema por parte de las autoridades marroquíes. Sin embargo, a pesar de haber prometido al principio de su administración que defendería los derechos humanos como parte integral del papel internacional de Estados Unidos, el presidente Biden ha dejado de lado a los saharauis hasta ahora. Mientras tanto, las autoridades marroquíes han incrementado la represión de los derechos humanos y la disidencia saharauis bajo la luz verde del reconocimiento sostenido de Estados Unidos a la reclamación de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Las recientes declaraciones públicas de la administración sobre el asunto y los continuos compromisos con una fuerte relación de seguridad con el gobierno marroquí sugieren una negativa a abordar estos abusos y a pedir cuentas a Marruecos.

Permitir e instigar implícitamente las continuas violaciones de los derechos de los saharauis y del derecho internacional disminuye la credibilidad de la administración Biden cuando critica los abusos cometidos por otros países. Las posturas de la administración en defensa de los derechos humanos se han centrado hasta ahora convenientemente en los adversarios geopolíticos. Marruecos, por no hablar de cualquier país, no puede ser una excepción sólo por ser un aliado de Estados Unidos.

El presidente Biden y el secretario de Estado Antony Blinken deben defender los derechos humanos de los saharauis sin más vacilaciones. No hay consideraciones políticas que justifiquen no hacerlo.

Clasificado como territorio no autónomo por las Naciones Unidas, el Sáhara Occidental y su población indígena se han enfrentado a la represión por la fuerza de las autoridades marroquíes desde que España retiró su dominio colonial en la década de 1970, a pesar de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobadas con un amplio apoyo en 1979 y 1990 que pedían explícitamente la autodeterminación saharaui y el fin de la anexión de facto de Marruecos. Las Naciones Unidas han reafirmado esta posición en numerosas ocasiones, incluso el año pasado. Desde que estalló el conflicto hace casi cinco décadas, los enfrentamientos armados y el control posterior al alto el fuego por parte de las fuerzas marroquíes han desplazado a decenas de miles de saharauis a Argelia. Generaciones de refugiados permanecen allí en campamentos degradados, a la espera de una oportunidad para regresar a un hogar donde sus derechos no sean reprimidos.

El Frente Polisario, el autoproclamado gobierno del Sáhara Occidental en el exilio en los campamentos de refugiados de Argelia, ha llevado la bandera del movimiento saharaui por la independencia desde su creación en la década de 1970 y obtuvo el control de una pequeña porción de territorio cedida por Marruecos en un alto el fuego mediado por las Naciones Unidas en 1991. Ese alto el fuego, y los compromisos que lo precedieron inmediatamente, también garantizaron un referéndum libre y justo para que los saharauis eligieran la independencia o la integración en la jurisdicción marroquí. El reino de Marruecos aceptó explícitamente facilitar el referéndum. Sin embargo, las autoridades marroquíes han incumplido una y otra vez el compromiso de facilitarlo debido a las continuas disputas sobre quiénes pueden votar. En la actualidad, Marruecos controla tres cuartas partes del Sáhara Occidental y el Polisario la cuarta parte restante.

Históricamente, la política de Estados Unidos hacia el Sáhara Occidental antes de la administración Trump se había desviado poco del consenso internacional y del plan de la ONU para un referéndum, apoyando formalmente ni la reclamación de Marruecos ni la del Frente Polisario sobre el territorio. Cuando el gobierno marroquí propuso un plan de autonomía regional para el Sáhara Occidental, la administración Obama calificó el plan de « realista y creíble » y afirmó que podría permitir al pueblo saharaui « gestionar sus propios asuntos con dignidad. » Por lo demás, Estados Unidos siguió alentando las negociaciones en la ONU entre las autoridades marroquíes y los líderes saharauis. Pero la decisión de la administración Trump abandonó cualquier pretensión de neutralidad sobre la cuestión de la soberanía.

Estados Unidos sigue siendo el único país que reconoce formalmente la plena soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero incluso con el amplio consenso internacional y las resoluciones asociadas de la ONU, la supervisión internacional de los derechos humanos y la rendición de cuentas en el territorio son lamentablemente inadecuadas.

La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Sáhara Occidental, la MINURSO, carece inexplicablemente de un mecanismo de supervisión y presentación de informes en materia de derechos humanos que garantice los derechos de los saharauis, una rareza extrema en las misiones de la ONU. Dado que la MINURSO se renueva cada mes de octubre a través de una votación del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos -y ahora el gobierno de Biden- tiene una gran influencia como « titular » del mandato, responsable de r
edactar y proponer la resolución. Con la impunidad alimentada por la ausencia de supervisión de la ONU, las autoridades marroquíes siguen agrediendo, torturando, deteniendo y encarcelando arbitrariamente, haciendo desaparecer por la fuerza y silenciando a los activistas y defensores de los derechos humanos saharauis. Y si el gobierno de Biden no incluye e impulsa un mecanismo de derechos humanos de este tipo en su proyecto ante el Consejo de Seguridad, es probable que estas medidas represivas sólo empeoren.

Los abusos contra los saharauis no son nada nuevo. En un caso ocurrido en julio de 2019, Amnistía Internacional verificó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía marroquí contra manifestantes saharauis, en una ola de brutalidad en la que las fuerzas de seguridad en un vehículo táctico de la policía también pisotearon y mataron a un manifestante. El periodista saharaui Ibrahim Amrikli fue arrestado arbitrariamente, detenido y golpeado durante dos días en mayo de 2020 hasta que firmó una « confesión » de cargos falsos. Las autoridades llevaban mucho tiempo en el punto de mira de Amrikli, deteniéndolo previamente en al menos tres ocasiones entre 2017 y 2019 durante entre cuatro días y dos meses bajo cargos falsos de « cometer actos violentos. » En un caso similar, en julio de 2020, la policía de El Aaiún detuvo arbitrariamente a otro periodista, Essabi Yahdih, interrogándolo durante 10 horas sobre la línea editorial de la publicación que fundó, amenazándolo con un procesamiento infundado; no fue acusado.

En los últimos meses, varios activistas saharauis han dado la voz de alarma por el hecho de que las autoridades detengan y vigilen cada vez más a los activistas y a sus familias, en una renovada represión envalentonada por la decisión de Trump. En total, Amnistía Internacional ha documentado en un informe de julio de 2021 que las fuerzas de seguridad marroquíes han atacado al menos a 22 activistas saharauis, periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso menores que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión sólo desde noviembre de 2020. Entre ellos, Amnistía ha encontrado al menos siete casos de tortura y tratos crueles; tres asaltos a domicilios; y 11 casos de detención arbitraria, arresto domiciliario, agresión, acoso y/o denuncias creíbles de violación por parte de las fuerzas de seguridad.

Las fuerzas de seguridad marroquíes han impuesto una campaña de abusos selectivos contra la destacada activista saharaui Sultana Khaya y su familia, que permanecen bajo arresto domiciliario arbitrario y violento desde noviembre de 2020 sin motivo alguno. El 10 de mayo, la policía allanó el domicilio de Khaya y detuvo a tres activistas que se habían colado para apoyar a Khaya: Babouzid Labhi, Salek Baber y Khaled Boufraya. Las autoridades procedieron a torturarlos durante horas y luego los abandonaron en lo profundo del desierto. Y en un horrible episodio ocurrido dos días después, decenas de policías enmascarados entraron en la casa de Khaya en la víspera de la celebración musulmana del Eid-al-Fitr y la ataron, golpearon e intentaron violarla, al tiempo que atacaban y violaban a su hermana. No se ha llevado a cabo ninguna investigación significativa ni se han exigido responsabilidades por ninguno de estos horribles abusos.

La situación de los Khayas es emblemática de los innumerables abusos del gobierno contra los saharauis. Este mes de febrero, circularon por las redes sociales vídeos que mostraban a policías marroquíes enmascarados entrando por la fuerza en la casa de otro activista saharaui, Ghali Bouhla, donde lo torturaron delante de su madre y su hermana. Posteriormente, las autoridades lo secuestraron y encarcelaron por los actos lícitos de protesta pacífica y distribución de banderas saharauis. Sigue en la cárcel, condenado hasta finales de 2022 por falsos cargos de drogas, sin que se investiguen las torturas sufridas.

Las fuerzas de seguridad también irrumpieron en la casa de la activista Mina Bali y la atacaron y golpearon a ella y a su hermana Embarka Alina en mayo de 2021 después de que ondearan banderas del Sáhara Occidental en su azotea. Y cuando Lahcen Dali, defensor de los derechos humanos, acudió a ver cómo estaba la familia, también fue golpeado y posteriormente secuestrado y abandonado en lo más profundo del desierto. Mustapha Razouk, un chico de 15 años, fue agredido violentamente y detenido por la policía, junto con otros 14 menores, tras manifestarse pacíficamente en solidaridad con Sultana Khaya. Mustapha fue detenido y brutalmente torturado durante tres días, en los que las autoridades vertieron plástico derretido hirviendo sobre su cuerpo, lo golpearon con palos de hierro y lo suspendieron del techo con una cuerda alrededor de las manos.

Al menos 19 activistas saharauis permanecen detenidos tras haber sido condenados en juicios masivos injustos durante la última década que conllevaban penas de entre 20 años y cadena perpetua. En estos juicios falsos no se investigaron las denuncias de tortura y confesiones forzadas. Varios detenidos han llevado a cabo huelgas de hambre para protestar por las malas condiciones y los malos tratos. Uno de ellos, Brahim Ismaili -que cumple cadena perpetua- fue trasladado a un pabellón psiquiátrico sin justificación en noviembre de 2017, justo después de haber iniciado una segunda huelga de hambre. Las autoridades también han torturado, negado atención médica crítica y realizado otros tratos inhumanos a los detenidos saharauis Abdeljalil Laaroussi, Mohamed Haddi, Sidi Abbahah y Bachir Khadda. Los tres últimos llevan cuatro años recluidos en régimen de aislamiento durante 23 horas al día. A mediados de junio, la familia de Haddi no sabía nada de él desde el 9 de abril, cuando las autoridades le hicieron llamar a su familia para transmitirle sus amenazas de encerrarlo en una celda tipo calabozo si su familia no dejaba de pedir públicamente su liberación.

La pauta es clara: las autoridades marroquíes han llegado a extremos brutales para aplastar la disidencia y la libertad de expresión de los activistas y críticos saharauis, por muy tangencial que sea su participación en el movimiento independentista.

Este empeoramiento de la represión fue condenado por la relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, en julio; mientras tanto, el gobierno de Biden ha guardado silencio y ha mantenido sus relaciones militares y diplomáticas con el gobierno marroquí como si no hubiera ninguna represión. Mientras las autoridades siguen encarcelando y torturando arbitrariamente a los disidentes saharauis, la administración Biden acordó aumentar la cooperación militar con las fuerzas de seguridad marroquíes durante una visita del Jefe del Estado Mayor del Ejército, James McConville, en agosto, y adjudicó a Raytheon un contrato de 212 millones de dólares para armar a los militares marroquíes pocas semanas antes de la visita de McConville.

Desde la toma de posesión en enero, el presidente Biden ha contradicho su compromiso declarado con los derechos humanos en la política exterior al no presionar y mantener la rendición de cuentas por los abusos flagrantes y sistemáticos de las autoridades marroquíes contra los derechos humanos. De hecho, no ha habido ninguna señal de un mayor escrutinio de las violaciones cometid
as por las autoridades marroquíes en el Sáhara Occidental que el bajo listón establecido por la administración Trump.

El efecto potenciador del silencio de Biden y Blinken sobre los abusos en el Sáhara Occidental es evidente. Este silencio, con el mantenimiento del nuevo statu quo establecido por Trump, sirve como un sello de goma tácito que otorga cobertura política a las autoridades marroquíes para seguir reprimiendo a los saharauis independentistas con impunidad.

Como aliado y patrocinador del estado de seguridad de Marruecos, Estados Unidos debe defender los derechos humanos de los saharauis, no permitir que el gobierno los viole. Esto significa agotar todas las vías para garantizar la inclusión de mecanismos de supervisión de los derechos humanos en el Sáhara Occidental cuando el Consejo de Seguridad de la ONU vote en octubre la renovación de la MINURSO, y presionar a las autoridades marroquíes para que pongan fin a los abusos sistemáticos contra los activistas saharauis y permitan que se realicen investigaciones independientes al respecto. Biden también debe exigir a las autoridades marroquíes que rindan cuentas por el aumento de las medidas represivas y los abusos contra los derechos humanos de los saharauis, aumentar los esfuerzos para garantizar el nombramiento de un nuevo enviado especial de la ONU y poner fin a la negación del derecho de los saharauis a la libertad de expresión, incluida la expresión en apoyo de la independencia.

La represión del gobierno marroquí también debe dar lugar a una reevaluación de la relación de seguridad de Estados Unidos con Marruecos, para hacer que las autoridades rindan cuentas y garantizar que Washington no está permitiendo los abusos contra los saharauis. De hecho, la legislación estadounidense lo exige explícitamente. Tanto la Ley Leahy como la Ley de Asistencia Exterior prohíben al gobierno de Estados Unidos proporcionar asistencia de seguridad a las fuerzas de seguridad extranjeras que cometan graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Estados Unidos suministra el 90% de todas las armas de Marruecos, y hay más ventas pendientes o en negociación. El gobierno de Biden tiene la obligación moral y legal de revisar e informar, de acuerdo con estas leyes, si la ayuda estadounidense se utilizó para llevar a cabo tales abusos, y de suspender las transferencias de armas si existe un riesgo sustancial de que se utilicen para llevar a cabo nuevas violaciones.

A los ocho meses de su presidencia, Biden aún está a tiempo de situar a Estados Unidos de forma inquebrantable del lado de los derechos humanos de los saharauis, incluido su derecho a expresarse y a defender su independencia. Las violaciones sistemáticas y flagrantes de los derechos humanos no pueden ser respondidas por esta administración con el silencio, ni en el Sáhara Occidental ni en ninguna parte.

Lawfare, 21/09/2021