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CIUDAD DE MÉXICO (AP) – El gobierno mexicano demandó el miércoles a los fabricantes y distribuidores de armas de Estados Unidos en una corte federal de ese país, argumentando que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han desatado un tremendo derramamiento de sangre en México.
La inusual demanda fue presentada en la corte federal de Estados Unidos en Boston. Entre los demandados se encuentran algunos de los nombres más importantes del sector de las armas, entre ellos Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc. Otro de los acusados es Interstate Arms, un mayorista del área de Boston que vende armas de todos los fabricantes mencionados, excepto uno, a distribuidores de todo Estados Unidos.
El gobierno mexicano argumenta que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas hacia México y lo facilitan. México quiere una compensación por los estragos que las armas han causado en su país.
El gobierno mexicano « interpone esta acción para poner fin al daño masivo que los demandados causan al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros delincuentes en México », dice la demanda.
El gobierno estima que el 70% de las armas que se trafican a México provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y que sólo en 2019, al menos 17.000 homicidios estuvieron relacionados con armas traficadas.
Alejandro Celorio, asesor jurídico de la secretaría, dijo a los periodistas el miércoles que el daño causado por las armas traficadas equivaldría a entre el 1,7% y el 2% del producto interior bruto de México. El gobierno buscará al menos 10.000 millones de dólares en compensación, dijo. El PIB de México el año pasado fue de más de 1,2 billones de dólares.
« No lo hacemos para presionar a Estados Unidos », dijo Celorio. « Lo hacemos para que no haya muertes en México ».
Ebrard dijo que la demanda era una pieza más de los esfuerzos del gobierno contra las armas. « La prioridad es que reduzcamos los homicidios », dijo. « No estamos buscando cambiar las leyes estadounidenses ».
México no buscó el asesoramiento del gobierno de Estados Unidos sobre el asunto, pero avisó a la Embajada de Estados Unidos antes de presentar la demanda.
Steve Shadowen, el principal abogado que representa a México, dijo que a principios de la década de 2000 unas 30 ciudades estadounidenses presentaron litigios similares contra los fabricantes de armas, argumentando que debían ser responsables del aumento de los costes policiales, de hospitalización y otros asociados a la violencia con armas de fuego.
Cuando algunas ciudades empezaron a ganar, los fabricantes de armas acudieron al Congreso y consiguieron un estatuto de inmunidad para los fabricantes. Shadowen dijo que cree que la inmunidad no se aplica cuando el daño se produce fuera de Estados Unidos.
« Los méritos del caso están fuertemente a nuestro favor y luego tenemos que sortear este estatuto de inmunidad que creemos que vamos a ganar », dijo. « Ese estatuto simplemente no se aplica. Sólo se aplica cuando estás en Estados Unidos ».
Dijo que cree que es la primera vez que un gobierno extranjero demanda a los fabricantes de armas.
La venta de armas de fuego está severamente restringida en México y controlada por el Departamento de Defensa. Pero los poderosos cárteles de la droga del país introducen miles de armas de contrabando en México.
El año pasado se produjeron más de 36.000 asesinatos en México, y el número de víctimas se ha mantenido obstinadamente alto a pesar de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de pacificar el país. La tasa de homicidios a nivel nacional en 2020 se mantuvo sin cambios en 29 por cada 100.000 habitantes. En comparación, la tasa de homicidios de Estados Unidos en 2019 fue de 5,8 por cada 100.000.
En agosto de 2019, un pistolero mató a 23 personas en un Walmart de El Paso, incluyendo a algunos ciudadanos mexicanos. En ese momento, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno exploraría sus opciones legales. El gobierno dijo el miércoles que los fallos recientes en los tribunales estadounidenses contribuyeron a su decisión de presentar la demanda.
Citó una decisión en California que permite que avance una demanda contra Smith & Wesson, una demanda presentada la semana pasada contra Century Arms relacionada con un tiroteo en 2019 en Gilroy, California, y el acuerdo de 33 millones de dólares alcanzado por Remington con algunas de las familias cuyos hijos murieron en el tiroteo masivo en una escuela de Newtown, Connecticut.
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