El clamor por el asunto NSO, revelado desde el domingo 18 de julio por un consorcio de medios de comunicación internacionales, entre ellos Le Monde, se ha centrado principalmente en los clientes de esta empresa israelí de cibervigilancia. En todo el mundo, la opinión pública se ha indignado por el uso orwelliano que estos estados han hecho del software de espionaje comercializado por esta empresa, llamado NSO.
Gracias a este programa ultrasofisticado, que supuestamente les ayuda a luchar contra el terrorismo y la delincuencia, los servicios de inteligencia de una docena de países, como Marruecos, México, India, Emiratos Árabes Unidos, Hungría y Arabia Saudí, han dispuesto de medios para introducirse en los móviles de miles de periodistas, activistas de derechos humanos, opositores políticos y dirigentes de países extranjeros. Pero Pegasus no podría haberse convertido en un arma de represión masiva, el kit de espionaje favorito de autócratas y populistas, sin la bendición del Estado de Israel. Las autoridades israelíes, que tienen poder de veto sobre la exportación de equipos de cibervigilancia, han aprobado sin rechistar los contratos de NSO con Rabat, Riad, Abu Dhabi y otros.
El ex primer ministro Benyamin Netanyahu incluso alentó estos acuerdos. Los utilizó como una forma de acercarse a los países que no tienen relaciones oficiales con Israel y no podía ignorar que estos estados, no precisamente respetuosos con los derechos humanos, no se conformarían con utilizar Pegasus para fines legítimos de seguridad. Además, en los territorios palestinos ocupados, el Estado de Israel tampoco se preocupa por las libertades individuales.
El nuevo gobierno israelí, dirigido por el ultranacionalista Naftali Bennett, no parece tener prisa por romper con este cinismo. Un signo revelador es que la causa actual de indignación en Israel no es el asunto de la NSO, sino el de Ben & Jerry’s. La decisión de esta famosa marca de helados estadounidense de dejar de vender sus productos en los asentamientos judíos de Cisjordania ha levantado una tormenta política y mediática, a pesar de que se trataba de una simple cuestión de cumplimiento del derecho internacional. En comparación, las revelaciones del « Proyecto Pegasus » tuvieron el efecto de una onda.
Esta indiferencia no es sorprendente. NSO es uno de los buques insignia de un sector que representa casi la mitad de las exportaciones del país y emplea a casi el 10% de su población activa. Orgullo nacional, ligado orgánicamente a los servicios militares y de seguridad, la alta tecnología se considera depositaria del espíritu pionero que llevó a la creación del país.
La complacencia de las élites gobernantes israelíes con respecto a la OSN también obedece a cálculos políticos. Existe una convergencia de intereses entre la derecha israelí, por un lado, y los clientes de la empresa, por otro, ya sean democracias no liberales como Hungría e India, o regímenes despóticos como los de Oriente Medio. Tanto en Jerusalén como en los palacios del Golfo, la « primavera árabe » de 2011 fue vista como un peligroso desafío a un orden autoritario bastante cómodo.
Las víctimas de Pegasus son libres de señalar con el dedo a los países que las han atacado. Sus quejas deben dirigirse también a las autoridades israelíes. Unas cuantas amonestaciones a NSO no serán suficientes. Ya han entrado en el mercado saudí nuevas empresas especializadas en la piratería digital, de la que NSO dice haberse retirado. Toda la industria de la cibervigilancia, el lado oscuro de la tecnología israelí, necesita ser regulada. Es urgente.
EDITORIAL
Le Monde, 27/07/2021
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