Acabar con la venta de tecnología de vigilancia a gobiernos autocráticos
Nosotros, las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, pedimos el cese inmediato del uso, la venta y la transferencia de tecnología de vigilancia a los gobiernos autocráticos opresores de Oriente Medio y el Norte de África (MENA). Recientes revelaciones sacan a la luz la asombrosa magnitud de la vigilancia selectiva de los defensores de los derechos humanos, incluidos periodistas, blogueros y activistas de Internet, facilitada por el programa espía Pegasus del grupo NSO, con sede en Israel. Instamos a todos los Estados a que apliquen una moratoria hasta que se establezca un marco normativo claro en materia de derechos humanos.
Desde que la investigación de Citizen Lab de 2016 identificó uno de los primeros usos de Pegasus por parte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para espiar al destacado defensor emiratí de los derechos humanos Ahmed Mansoor, que ahora cumple 10 años de prisión en condiciones inhumanas, la industria de la vigilancia no ha hecho más que florecer, sin inmutarse. La investigación de Amnistía Internacional y Forbidden Stories, el Proyecto Pegasus, reveló los datos filtrados de 50.000 números de teléfono identificados como posibles objetivos de vigilancia, entre los que se encontraban cuatro clientes gubernamentales del NSO Group en la región de Oriente Medio y Norte de África: Arabia Saudí, Bahréin, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos.
PERIODISTAS Y ACTIVISTAS EN EL PUNTO DE MIRA
Entre las espeluznantes revelaciones del proyecto Pegasus, destacan las operaciones de vigilancia a gran escala llevadas a cabo por las autoridades marroquíes con una lista de 10.000 números de teléfono, entre ellos los de dirigentes, activistas y periodistas de todo el mundo.
El análisis identificó al menos 35 periodistas que fueron objeto de Pegasus por parte del gobierno marroquí y luego procesados en circunstancias dudosas o sometidos a campañas de intimidación y acoso sancionadas por el Estado. Entre ellos, Taoufik Bouachrine y Soulaimane Raissouni, directores del periódico Akhbar El-Youm. Bouachrine fue condenada a 15 años de prisión por tráfico de personas, agresión sexual, violación y prostitución. Su colega Raissouni también fue detenido por agresión sexual en mayo de 2020, y fue condenado a cinco años de prisión el 9 de julio de 2021. Los procesos de ambos se vieron empañados por la violación de sus derechos a un juicio justo y a las garantías procesales.
El periodista y activista de derechos humanos marroquí Omar Radi también fue condenado, el 19 de julio de 2021, a seis años de prisión por dudosos cargos de espionaje y violación. En junio de 2020, Amnistía Internacional reveló que Radi había sido objeto de un programa espía de la NSO, sólo tres días después de que ésta publicara su política de derechos humanos.
Otras escalofriantes pruebas desveladas por el Proyecto Pegasus muestran que amigos y familiares del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado y descuartizado, fueron objeto de programas espía Pegasus antes y después de su asesinato. Según un análisis forense realizado por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, el iPhone de la prometida turca de Khashoggi, Hatice Cengiz, fue atacado e infectado con éxito cuatro días después del asesinato de Khashoggi, y luego repetidamente en los días siguientes. Otros objetivos eran su hijo Abdullah Khashoggi, su esposa Hanan Elatr, su amigo y ex director general de Al Jazeera, Wadah Khanfar, y el abogado británico de derechos humanos Rodney Dixon. Este último representó a Cengiz en una demanda por el asesinato de Khashoggi.
Las revelaciones muestran que nadie está a salvo, ya que en la filtración aparecen incluso los nombres de personas que huyeron del país por su propia seguridad. El periodista de investigación afincado en París y cofundador de la Asociación Marroquí de Periodistas de Investigación, Hicham Mansouri, que tras años de acoso, violencia y encarcelamiento buscó asilo en Francia, ha sido identificado como objeto de vigilancia.
Otros objetivos de vigilancia notables en la lista filtrada de Pegasus son Alaa Al-Siddiq, activista emiratí y director ejecutivo de ALQST, que murió en un accidente de tráfico en junio de 2021, y Yahia Assiri, fundador de ALQST y activista saudí de derechos humanos. Tanto Al-Siddiq como Assiri se habían trasladado al Reino Unido para escapar de la persecución.
LAS JUSTIFICACIONES DE NSO SON INFUNDADAS
El escandaloso ataque a cientos de periodistas y activistas en Arabia Saudí, Qatar, Argelia, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Marruecos, Turquía y Egipto -muchos de los cuales han sido objeto de vigilancia, acoso, detención, tortura y asesinato durante mucho tiempo- refuta las repetidas afirmaciones infundadas del NSO Group de que su programa espía se utiliza exclusivamente para disuadir la delincuencia y el terrorismo. Sus afirmaciones de que están preparados para investigar y actuar sobre el mal uso de su tecnología parecen infundadas en el contexto de las revelaciones masivas de la semana pasada.
ESTAS HERRAMIENTAS PELIGROSAS NO DEBERÍAN ESTAR DISPONIBLES EN LA REGIÓN DE LA AMENAZA
En ausencia de cualquier tipo de supervisión o regulación de la opaca y floreciente industria de la tecnología de vigilancia, los gobiernos autocráticos de la región han encontrado herramientas de elección para reprimir aún más a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, y suprimir la libertad de expresión y los medios de comunicación con impunidad.
En contextos autoritarios en los que no hay transparencia ni supervisión del uso de esta tecnología altamente invasiva, ni garantías de privacidad, ni juicios justos, ni garantías procesales, ni reparación para las víctimas, la venta y el uso de la tecnología de vigilancia conducen a graves violaciones de los derechos humanos y deben cesar inmediatamente.
Han pasado dos años desde el primer llamamiento a una moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de herramientas de vigilancia realizado por el antiguo Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye, tras el espantoso asesinato de Jamal Khashoggi. Ya es hora de que los Estados atiendan a este llamamiento y apliquen inmediatamente la moratoria hasta que se establezca un marco normativo mundial en materia de derechos humanos.
Por lo tanto, instamos a todos los estados a tomar las siguientes medidas:
1. Aplicar una moratoria inmediata sobre el uso, la adquisición, la venta y la transferencia de tecnologías de vigilancia. Esta moratoria debería ampliarse hasta que se establezcan controles globales adecuados y salvaguardias contra los abusos.
2. Revocar todas las licencias de exportación de tecnologías de vigilancia y los vínculos comerciales con Estados no democráticos de la región de Oriente Medio y
Norte de África que cometen sistemáticamente violaciones de los derechos humanos.
3. Inicie una investigación independiente, transparente e imparcial sobre los casos de vigilancia selectiva de periodistas, defensores de los derechos humanos y solicitantes de asilo político, especialmente en los casos de objetivos extraterritoriales. Y garantizar que las víctimas de la vigilancia ilegal tengan acceso a recursos y compensaciones.
4. Adoptar un marco jurídico que exija la transparencia en el uso y la adquisición de tecnologías de vigilancia, y hacer que esta información esté disponible de forma proactiva en los registros públicos, incluso en los productos y servicios, así como en los contratos comerciales con empresas privadas de vigilancia, para permitir el escrutinio público de esta información.
5. Comprometerse con los organismos internacionales y los mecanismos de derechos humanos que establecen controles sobre el uso, el desarrollo y la exportación de tecnologías de vigilancia, y apoyarlos.
6. Poner en marcha una investigación penal sobre el asesinato de Jamal Khashoggi y la vigilancia selectiva de los miembros de su familia y asociados; y renovar los esfuerzos internacionales,
a través de medios judiciales y diplomáticos, para garantizar la justicia y la responsabilidad.
7. Los mecanismos internacionales, incluido el sistema de la ONU y los gobiernos pertinentes, deben poner fin a la vigilancia selectiva de los defensores de los derechos humanos, incluidos los periodistas y los ciberactivistas.
FIDH, 27/07/2021
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