por Olivier Quarante
Por la principal carretera que une la gran ciudad del norte del Sahara Occidental, El Aaiún (1), con Dajla, a más de quinientos kilómetros al sur, los camiones que transportan pulpos y pescado blanco son innumerables. El Sahara Occidental tiene en total mil doscientos kilómetros de costa, y sus aguas están entre las más ricas en pesca del mundo. Según un informe del Consejo Económico, Social y Ambiental de Marruecos (CESE) (2), el sector pesquero representa setenta y cuatro mil empleos (3), a los que hay que sumar una importante actividad no declarada. Con un peso del 17% del Producto Interior Bruto (PIB) del territorio, del 31% de los empleos locales y del 78% de las capturas marroquíes, la pesca de las “provincias del sur” –como oficialmente se denomina en Marruecos al Sahara Occidental– genera una riqueza inmensa. El reino alauí se apropió en 1975, al mismo tiempo que se anexaba este territorio considerado como “no autónomo” (4) desde el voto de la resolución n.º 2072 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1963.
Por esta única y peligrosa carretera, uno se cruza con otros camiones, que pueden estar transportando tomates, pepinos y melones producidos cerca de Dajla. Según la organización no gubernamental (ONG) Western Sahara Resource Watch, en los alrededores de la ciudad hay once explotaciones agrícolas, entre las que se cuenta la de la empresa Tawarta. Un invernadero bordea la carretera a lo largo de unos quinientos metros. En esta granja agrícola se producen tomates cherry comercializados con el nombre “Étoile du sud”, una marca que pertenece a la empresa francesa Idyl. Injustamente etiquetados “origen: Marruecos”, estos cultivos, que ocupaban cerca de seiscientas hectáreas en 2008 (5), son acto seguido exportados a Europa vía Agadir, a mil doscientos kilómetros de allí.
El CESE ve en eso una actividad con “alto valor añadido”. El plan “Marruecos verde” calculaba para el Sahara Occidental pasar de treinta y seis mil toneladas de frutas y verduras en 2008 a ochenta mil toneladas en 2013, y después a ciento sesenta mil en 2020, en una superficie de 2.000 hectáreas. La totalidad de esa producción está programada para la exportación. La cantidad de empleados, actualmente seis mil, se triplicaría en el mismo periodo.
Más al norte, a unos diez kilómetros de El Aaiún, encontramos el puerto fosfatero explotado por la Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP, por sus siglas en francés). Un polvo fino dificulta la visión. Sale de los fosfatos transportados desde la mina de Bucraa gracias a una cinta transportadora que se extiende a lo largo de unos cien kilómetros a través del paisaje desértico. Sólo se distinguen los silos de almacenamiento y la silueta de los “graneleros” (6) que vienen de todas partes del mundo para embarcar el mineral. Este recurso es primordial para el reino: la OCP es el segundo productor y el primer exportador mundial de fosfato en bruto y de ácido fosfórico, así como también uno de los principales exportadores de abono fosfatado. De ahí sacaba el reino el 6% de su PIB en 2012. Así pues, tiene las más importantes reservas mundiales.
Mohamed Alisalem Bobeit, vicepresidente de un comité que trabaja sobre la cuestión de los recursos naturales en el Sahara Occidental, con quien nos encontramos en una casa de El Aaiún, habla serenamente. Tiene plena conciencia de la importancia de Fos Bucraa para Marruecos. Este yacimiento produce alrededor del 10% de los fosfatos que extrae la OCP; la oficina pretende duplicar su producción de aquí a 2020. “Es el robo de los recursos que pertenecen al pueblo saharaui”, afirma Bobeit. Corre riesgos al expresarse públicamente sobre el asunto: Sid Ahmed Lamjayed, el presidente de la asociación (ilegal, ya que Marruecos no reconoce ninguna asociación creada por saharauis), fue arrestado el 25 de diciembre de 2010, tras el amplio movimiento de protesta de Gdeim Izik (7), y condenado a cadena perpetua por el tribunal militar de Rabat.
Pero su análisis es compartido cada vez por más gente, a juzgar por la multiplicación de las manifestaciones que buscan la suspensión de la explotación de los recursos hasta que se arregle el conflicto mediante la organización de un referéndum de autodeterminación: desde octubre de 2010 y la manifestación de Gdeim Izik, esta reivindicación está en el centro del conflicto que opone al Frente Polisario (movimiento político armado considerado por la ONU como el “representante legítimo del pueblo saharaui”) con Marruecos. “Una resolución de la ONU que prohibiera la explotación de los recursos por parte de Marruecos crearía las condiciones favorables para un avance notable hacia la solución del conflicto”, considera Brahim Sabbar, secretario general de la Asociación Saharaui de las Víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí (ASVDH).
Dividida, la “comunidad internacional” en realidad dejó que Marruecos tomara posesión de este territorio de doscientos setenta mil kilómetros cuadrados. Así, Marruecos pudo controlar Fos Bucraa, en complicidad con el ocupante anterior, España, que explotaba el yacimiento desde 1962 y que siguió siendo accionista hasta 2002. Sin embargo, la guerra con el Frente Polisario ya había estallado y el Sahara Occidental ya estaba inscrito en la lista de territorios no autónomos, regidos por el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. En 1962, la Asamblea General de la ONU consagraba el derecho de los pueblos “a usar y disponer de los recursos naturales que esconden sus territorios para asegurar su desarrollo y su bienestar” (8). La jurisprudencia habló más adelante de los “derechos inalienables” de los pueblos de los territorios no autónomos sobre sus recursos naturales, así como también de su derecho “de ser y permanecer dueños de la futura revalorización de esos recursos”.
El derecho de los saharauis
Todo el debate actual gira en torno a la cuestión de los beneficios que los saharauis sacarían –o no– de la explotación económica que Marruecos puso e
n marcha. La firma, en octubre de 2001, de contratos de prospección petrolera entre Marruecos y dos compañías, una de las cuales es TotalFinaElf, dio a la ONU la oportunidad de hacer una declaración que matizaba los grandes principios que había anunciado anteriormente. “La cuestión es saber si el principio de la ‘soberanía permanente’ [sobre los recursos naturales] prohíbe a la potencia administradora toda actividad relacionada con los recursos naturales del territorio no autónomo que administra, o sólo aquellas que se emprenderían en detrimento de las necesidades y de los intereses de la población de dicho territorio, sin que esta última se beneficie”, declara el secretario general adjunto de asuntos jurídicos.
n marcha. La firma, en octubre de 2001, de contratos de prospección petrolera entre Marruecos y dos compañías, una de las cuales es TotalFinaElf, dio a la ONU la oportunidad de hacer una declaración que matizaba los grandes principios que había anunciado anteriormente. “La cuestión es saber si el principio de la ‘soberanía permanente’ [sobre los recursos naturales] prohíbe a la potencia administradora toda actividad relacionada con los recursos naturales del territorio no autónomo que administra, o sólo aquellas que se emprenderían en detrimento de las necesidades y de los intereses de la población de dicho territorio, sin que esta última se beneficie”, declara el secretario general adjunto de asuntos jurídicos.
Pero no está previsto ningún mecanismo de evaluación de dichos intereses. Las condiciones que permitirían a los “pueblos coloniales de los territorios no autónomos” ejercer sus derechos legítimos sobre sus recursos naturales no están definidas. A partir de ahí, la cuestión se transforma en un elemento de la relación de fuerzas entre las partes en conflicto. El Frente Polisario denuncia el “robo” de los recursos y el desprecio del “pueblo del Sahara Occidental”. En noviembre de 2012 presentó una causa judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pedir la anulación del acuerdo de libre comercio, que comprende las actividades agrícolas, entre la Unión Europea y Marruecos, el cual, firmado el anterior mes de marzo, incluye al Sahara Occidental. Primer argumento que se presentó: la no consulta al Frente Polisario.
Por su parte, las autoridades marroquíes despliegan una intensa propaganda para convencer de que la explotación económica beneficia a la “población del territorio”. Multiplican los anuncios de nuevos programas de inversión, difundidos regularmente en la prensa francesa (9) y abundantemente en la prensa marroquí. Se habla en ellos de “población local”, sin que se sepa si se trata de los saharauis o de los cientos de miles de marroquíes instalados en esa zona. El Frente Polisario, por su parte, alude al “pueblo del Sahara Occidental”. Ambas expresiones son utilizadas por el consejero jurídico de la ONU para designar a los saharauis, lo que no hace más que sumarse a la confusión.
El majzén (el palacio) hace todo lo posible por acreditar la idea de que los saharauis se benefician de las riquezas naturales. La OCP, por ejemplo, estaría llevando a cabo una política social: “Todos los ingresos netos de Fos Bucraa se reinvierten en la región y favorecen a sus habitantes”, se puede leer en el informe de actividades 2012 de la OCP. En el yacimiento minero, se contrataron no menos de quinientos treinta jóvenes saharauis tras los acontecimientos de Gdeim Izik. Se trataba de dar empleo a los hijos de los jubilados que ya trabajaban allí en la época española y que no estaban contentos con la jubilación que recibían. “Sí, se llegó a un acuerdo, pero los jóvenes fueron empleados con un grado con el que ya no se contrata a nadie, por lo tanto con un salario menor”, se queja sin embargo Eddia Sidi Ahmed Moussa, figura del sindicalismo local, secretario general de la Confederación Sindical de los Trabajadores Saharauis (prohibida).
Otro resorte: la concesión de la tarjeta de promoción nacional, una ayuda social que equivale a unos 150 euros mensuales, que parece ampliamente atribuida. Varias declaraciones recabadas en el lugar apoyan la idea de que, tratándose de saharauis, este subsidio permite comprar la paz social y regular la agitación política a través de la distribución de dinero por medio de los jefes de tribu. Las autoridades pueden llegar incluso a quitarle la ayuda a una persona que sea vista en una manifestación prosaharaui.
¿Se puede hablar de “beneficios” reales? Ante la falta de datos fiables acerca del territorio, que el país ocupante no está obligado a proveer porque no es considerado por la ONU como la “potencia administrativa” (10), resulta imposible responder de manera segura. La instrumentalización de esta cuestión para favorecer la política del Rey, al contrario, no deja ninguna duda. La definición en noviembre de 2013 de un “nuevo modelo de desarrollo de las provincias del sur” elaborado por el CESE tenía como finalidad aportar la contribución de la “sociedad civil” al “éxito de la iniciativa marroquí de autonomía” (11). Desde 2007, Mohamed VI presenta esta iniciativa como el contraproyecto al referéndum de autodeterminación que la ONU pide cada año desde 1991.
Bruselas apoya al poder marroquí
El ejemplo más reciente tuvo lugar el 10 de diciembre de 2013, cuando la mayoría del Parlamento Europeo aprobó el nuevo acuerdo sobre la pesca que prolonga, entre 2014 y 2017, el de 2007-2011. También esta vez, Marruecos abarca –sin que eso esté ni siquiera mencionado en el protocolo– las aguas del Sahara Occidental. El acuerdo vuelve a disponer el desembolso de una subvención anual (30 millones de euros, en vez de 36, para desarrollar el sector de la industria) como contrapartida de la cual Marruecos otorga licencias a los barcos europeos y cuotas de pesca para cada especie. Dado que la misma Asamblea había rechazado en diciembre de 2011 la prórroga del primer acuerdo, este reciente voto a favor se presenta como una clara señal de apoyo hacia el poder marroquí y su política “reformista”.
Con ese objetivo, el servicio jurídico del Parlamento Europeo resuelve muy rápidamente la cuestión de los beneficios, al considerar que Marruecos puede incluir las aguas del Sahara Occidental y que un acuerdo tal es legal en la medida en que el reino “respeta sus obligaciones hacia el pueblo del Sahara Occidental”. Qué importa que los únicos parlamentarios europeos autorizados por el ocupante a visitar el territorio hayan sido los del grupo de amistad Unión Europea-Marruecos. El diputado francés Gilles Pargneaux (Partido Socialista), presidente de dicho grupo, igual no se equivoca en lo que a esta cuestión se refiere: “Era ilusorio querer resolver el problema del Sahara Occidental mediante el rechazo de este acuerdo de pesca. Aprovecho para recordar que la propuesta de autonomía del Sahara Occidental que presentó Marruecos a las Naciones Unidas en 2007 es la única solución posible” (12). Y, además, qué importa el interés puramente económico y financiero del texto: una evaluación independiente del anterior acuerdo de pesca había demostrado una relación coste-eficacia “muy débil” y una ineficiencia completamente excepcional.
Francia, primer inversor extranjero en Marruecos, contribuye activamente a este statu quo desfavorable a los saharauis. En noviembre pasado, la inauguración del nuevo puerto de pesca de Bojador, impresionante con su dique principal de setecientos veinticuatro metros y su dique transversal de doscientos sesenta metros, se pudo realizar gracias al apoyo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo, cuya contribución a Marruecos pasó de 380 mill
ones de euros en 2011 a 831 millones en 2012. En Bojador, Sultana Khaya, una joven militante saharaui por los derechos humanos, acaba de crear la Liga para la Protección de los Recursos Naturales. Teme una explotación del petróleo por parte de la empresa Total, que amenazaba en julio de 2013, es decir, doce años después del primer contrato con el Sahara Occidental, con una misión de prospección sísmica en una zona de más de cien mil kilómetros cuadrados llamada “Anzarane offshore”…
ones de euros en 2011 a 831 millones en 2012. En Bojador, Sultana Khaya, una joven militante saharaui por los derechos humanos, acaba de crear la Liga para la Protección de los Recursos Naturales. Teme una explotación del petróleo por parte de la empresa Total, que amenazaba en julio de 2013, es decir, doce años después del primer contrato con el Sahara Occidental, con una misión de prospección sísmica en una zona de más de cien mil kilómetros cuadrados llamada “Anzarane offshore”…
(1) Léase Gaël Lombart y Julie Pichot, “Miedo y silencio en El Aaiún”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2006.
(2) “Nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud”, CESE, Rabat, octubre de 2013.
(3) La cifra incluye a la región de Tan-tan y de Guelmim, ubicada al sur de Marruecos.
(4) País no descolonizado donde la población no se administra completamente todavía.
(5) Según la ONG Western Sahara Resource Watch; cifra utilizada por la Comisión Europea.
(6) Buques que transportan mercancías a granel.
(7) Léase “Resistencia obstinada del pueblo saharaui”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2012.
(8) Resolución 1803 (XVII) del 14 de diciembre de 1962.
(9) Anne Cheyvialle, “Le Maroc investit massivement dans le Sahara occidental”, Le Figaro, París, 11 de noviembre de 2013.
(10) Como recordaba el consejero jurídico de la ONU en febrero de 2002, el Acuerdo de Madrid, firmado en noviembre de 1975 entre España, Marruecos y Mauritania, no convirtió a Marruecos en la nueva potencia administrativa del Sahara Occidental.
(11) CESE, comunicado de prensa, 8 de noviembre de 2013.
(12) “Le Parlement européen adopte définitivement l’accord de pêche entre l’Union européenne et le Maroc”, grupo de amistad UE-Marruecos, 10 de diciembre de 2013, http://groupedamitieuemaroc.wordpress.com
Olivier Quarante
Periodista.
Le Monde diplomatique, marzo 2014