Con motivo de la celebración estos días en Fuerteventura de Africagua Canarias 2019, encuentro empresarial internacional de agua y energías renovables del que Marruecos es invitado especial; desde Saharafuerte, colectivo amigo del pueblo saharaui, recordamos que el Sáhara Occidental no es Marruecos, y nos pronunciamos completamente en contra de acuerdos ilegales.
Hacemos un llamamamiento a todas las empresas Europeas, también españolas, que continúan colaborando con la ocupación marroquí en la ilegal explotación económica en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, para que respeten el derecho internacional y pongan fin al saqueo de sus recursos naturales, asegurando el CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO del Pueblo del Sáhara Occidental en relación a toda exploración, desarrollo o utilización de sus recursos naturales.
La UE debe cumplir su propia ley y evitar toda actividad económica que afecte negativamente a los intereses del Pueblo Saharaui, negociando para ello con su único y legítimo representante, el Frente POLISARIO, y poniendo en marcha vías de reparación y restitución para el Pueblo Saharaui tras años de saqueo ilegal de sus recursos.
Hoy 14 de noviembre hace 44 años de los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid, recordamos que España, en su calidad de potencia administradora, continúa siendo RESPONSABLE LEGAL Y POLÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI. Mientras el Pueblo Saharaui no pueda decidir libremente su futuro, el estado Español seguirá siendo responsable moral y jurídicamente del sufrimiento y de la violación permanente de los derechos humanos en el Sahara Occidental.
MARRUECOS CULPABLE – ESPAÑA RESPONSABLE
DENUNCIAMOS la violación sistemática y a gran escala de los derechos humanos del Pueblo Saharaui y REAFIRMAMOS nuestro compromiso con el derecho inalienable, permanente e incondicional de los Saharauis a la libre determinación y a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales.
Por todo ello recordamos tanto a las empresas privadas como a las instituciones públicas participantes de este encuentro bienal, que más allá de sus intereses económicos respeten los derechos de los países donde realizan sus ensayos y proyectos.
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