España es líder europeo en personas aforadas, cuyo enjuiciamiento corresponde a un tribunal superior. 17.600 personas gozan de este tipo de protección jurídica.
En España hay miles de personas que, por su trabajo, tienen la condición de aforados. La mayoría -232.000- son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y unos 17.600 son políticos, jueces, fiscales y miembros de distintas instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado o los defensores del pueblo. También están aforados los miembros de la familia real, a excepción del rey, que tiene inviolabilidad.
Mientras, en Portugal e Italia sólo está aforado el Presidente de la República, ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, respectivamente.
En Francia están aforados el Presidente de la República, el primer ministro y los miembros del Gobierno. En Alemania, en Reino Unido y en EE UU, no hay ni un aforamiento, según consta en un informe del Consejo General del Poder Judicial, donde plantea al Gobierno español la necesidad de reducir el número de personas con esta protección jurídica.
Inglaterra. La reina Isabel II se quedaría sin ninguna protección legal si decidiera abdicar, salvo que después se la concediera el Parlamento. Perdería la inmunidad y otros privilegios derivados de su condición de monarca para pasar a convertirse en una ciudadana a efectos de la ley. Cuando en 1936 el rey Eduardo VIII decidió renunciar al trono para casarse con una mujer dos veces divorciada y adquirió la “condición legal de duque de Windsor”, pasó a ser un ciudadano más.
Fuente: El País
Unidas Podemos, en el punto 113 de su programa electoral quiere «Suprimir los aforamientos y acabar con la irresponsabilidad del Rey».
La proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos de sus miembros. Por eso, iniciaremos una acción articulada para la supresión de aforamientos desde las comunidades autónomas y el Estado. Al mismo tiempo, trabajaremos en una reforma constitucional para eliminar el privilegio judicial más grave, que es la ausencia de responsabilidad del Rey, establecida en el artículo 56.3 de la Constitución, así como el hecho de que, en pleno siglo XXI, la justicia se siga administrando bajo la fórmula arcaica de «en nombre del Rey», cuando, en realidad, esta emana del pueblo. Asimismo, pondremos en marcha una comisión de investigación sobre los negocios de la monarquía con el objetivo de determinar si, por ser irresponsable, es una institución idónea para nuestra democracia.
Spanish Revolution, 12 avril 2019
Tags : España, aforado, fuero, privilegios,
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