Futente: Orilla Sur, 17/12/2014
Rafael Catalá, el nuevo ministro de Justicia, lo reconoció en público a principios de mes. Para algunos colectivos la obtención de la nacionalidad española es un « laberinto imposible ». Aludía a los saharauis que residen en España a los que el predecesor de Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón, colocó en un callejón casi sin salida.
El ministro de Justicia Rafael CataláEl ministro de Justicia Rafael Catalá El « laberinto imposible » surgió hace aproximadamente un año cuando la dirección general de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia dejó de dar validez a los documentos expedidos por la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que España no reconoce. Tampoco España reconoce a Kosovo, pero su documentación sí se acepta.
« Se ha producido un cambio de doctrina » se lamenta Sidi Talebbuia, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE). « Afecta sobre todo a aquellos jóvenes saharauis que llegaron a España con el programa de Vacaciones en Paz, se quedaron con sus familias de acogida y llevan más de diez años residiendo aquí », añade. « Están integrados, tienen arraigo, pero ahora se les deniega la nacionalidad ».
A aquellos que quieran ser españoles solo les queda entonces una vía tortuosa: hacerse primero apátridas. Presentan la solicitud en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o en la Jefatura Superior de Policía, señala Talebbuia. « A partir de ahí deben esperar al menos un par de años », señala. « Cuando tengan documentos como apátridas podrán solicitar la nacionalidad española », que tardarán otros dos años más en conseguir. « Es un camino interminable », se queja.
Para Talebbuia la solución consistiría en modificar el artículo 22 del Código Civil para que, como sucede con los portugueses, filipinos, ecuatoguineanos o sefardíes, a los saharauis les basten dos años de residencia para poder solicitar la nacionalidad. El Sáhara Occidental ha sido colonia española hasta 1975 como lo fueron en su día Filipinas o Guinea Ecuatorial. La Administración española debería además aceptar de nuevo la documentación expedida por la RASD.
Dos grupos parlamentarios, Izquierda Plural y Esquerra Republicana de Catalunya, aprovecharon la introducción en el Congreso de los Diputados, el mes pasado, del proyecto de ley que facilita la obtención de la nacionalidad española a los judíos sefardíes, para presentar sendas enmiendas que beneficiaban a los saharauis. Las retiraron antes de que se iniciara la tramitación parlamentaria.
Rafael Catalá ha aparentado ser sensible a esta reivindicación. La ley que se está tramitando no va a resolver el problema de los saharauis que aspiran a ser españoles, según el ministro. Éste se comprometió, no obstante, el 2 de diciembre, a encontrar un « cauce » para la tramitación de la nacionalidad por personas en las que concurran las características de cercanía y arraigo como « los saharauis ».
Algunos jóvenes saharauis se han ilusionado con estas palabras, pero no así el letrado Talebbuia. « Es una promesa más que, probablemente, no se cumplirá como otras anteriores », asevera.
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