En diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que el acuerdo comercial UE-Marruecos no podía aplicarse al territorio no autónomo del Sáhara Occidental. Dos años después, el Parlamento Europeo votó a favor de ampliar este acuerdo al Sáhara Occidental. Crónica de una abominable injusticia.
El miércoles 16 de enero, el Parlamento Europeo votó por amplia mayoría a favor de la ampliación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Marruecos al Sáhara Occidental ocupado. Una votación que pisotea los principios fundamentales del derecho europeo e internacional[1]. De hecho, este acuerdo comercial se ve empañado por muchas irregularidades. Estos fueron ampliamente difundidos en la prensa especializada[2], así como por el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Los eurodiputados no podrán alegar que no lo sabían.
En primer lugar, para justificar la extensión del acuerdo comercial UE-Marruecos al Sáhara Occidental, la Comisión Europea llevó a cabo un proceso de consulta que fue ampliamente criticado. Y lo que no es menos importante, desde que la Comisión Europea afirma haber consultado a 113 grupos, 94 nunca se han reunido con los servicios de la Comisión[3].
Además, el informe de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo sobre el acuerdo comercial también plantea muchas cuestiones. De hecho, fue escrito por la eurodiputada francesa Patricia Lalonde. Sin embargo, renunció a su cargo de ponente el pasado mes de diciembre tras las revelaciones sobre su participación en el consejo de administración de un grupo de reflexión cercano al Gobierno marroquí. Fue entonces cuando la diputada holandesa Marieke Schaake se hizo cargo del expediente. A pesar de los conflictos de intereses del informe de la Sra. Lalonde, la Sra. Schaake se negó a modificarlo.
Esta sorprendente situación es el resultado de una larga campaña de cabildeo del gobierno marroquí. Sin embargo, este último pudo contar con aliados de peso. El que los estados que más beneficios obtienen de este acuerdo: Francia y España.
Por su parte, la Comisión Europea, por ceguera ideológica pero también por razones geopolíticas[4], ejerció una fuerte presión sobre los eurodiputados para que adoptaran lo antes posible la ampliación del acuerdo comercial al Sáhara Occidental.
Esta votación, a pesar de varias sentencias del órgano judicial supremo de la UE, es un nuevo golpe para el ya tambaleante edificio europeo bajo el peso de los partidos europeófobos.
El miércoles 16 de enero, los eurodiputados decidieron dar la espalda al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El pueblo saharaui contestará esta votación ante el Tribunal y tiene todas las posibilidades de ganar. El acuerdo comercial que acaba de aprobarse sería, entonces, disuelto, lo cual supondría un duro golpe para la credibilidad del Parlamento Europeo y socavaría gravemente su independencia y su capacidad para analizar las cuestiones geopolíticas relacionadas con los acuerdos comerciales de la UE.
Mientras tanto, la Comisión Europea ya se está preparando para presionar a los eurodiputados para que voten a favor de ampliar el acuerdo de pesca UE-Marruecos a las aguas saharauis. Sin embargo, también a este respecto, el Tribunal de Justicia de la UE ha hecho una declaración clara: es ilegal aplicar este acuerdo a las aguas saharauis sin el consentimiento de la población de este territorio[5]. Sin duda, la Comisión utilizará la misma vía que para el acuerdo comercial.
1] Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-104/16 P, 21/12/2019.
2] Ver por ejemplo: « MEP : Reality of my three days in occupied Western Sahara » (11/10/2018), « Exposed: How Morocco lobbies EU for its Western Sahara claim » (23/11/2018) en EUObserver
3] Western Sahara Resource Watch, « Commission misleads EU States on Polisario talks, documentation shows », https://www.wsrw.org/a105x4179
4] Marruecos ha recibido 50 millones de euros de la UE para controlar los flujos migratorios hacia el continente europeo como parte de la asociación estratégica UE-Marruecos.
5] Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-266/16, 27/02/2018.
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