España defenderá los intereses de Marruecos en su pleito con la Unión Europea en el Tribunal Europeo de Justicia. Madrid forma parte de los pocos paises que reclaman al Tribunal que dé marcha atrás en su decisión de cancelar el tratado de comercio UE-Marruecos en el Sáhara Occidental.
En diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretó la anulación del Tratado de Libre Comercio porque incluye productos agrícolas o pesqueros procedentes del Sáhara Occidental. En su sentencia, el Tribunal afirma que el Sáhara Occidental no está incluido en las fronteras internacionalmente reconocidas de [Marruecos] (punto 232), y que el Reino de Marruecos no tiene ningún mandato concedido por la ONU o por otra institución internacional para administrar el [Sáhara Occidental] (punto 233).
Esta decisión provocó una violenta reacción por parte de las autoridades marroquíes que amenazaron con poner fin a toda cooperación con la Unión, lo que llevó el Consejo de la Unión Europea a recurrir la sentencia.
Algunos paises europeos decidieron ponerse del lado de Marruecos en este tema con la condición de que acepte la repatriación de los marroquíes que se encuentra en situación ilegal en su suelo. Entre ellos, Bélgica, Alemania.
La postura de España no es ninguna sorpresa. Desde los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004, cometidos por ciudadanos marroquíes, el gobierno español se ha convertido en el primer defensor de los interesses de Marruecos en la Unión Europea y en el tema del Sáhara Occidental.
Cabe recordar que el 4 de julio de 2014, el Tribunal Superior de Justicia español, la Audiencia Nacional, confirmó que España, no Marruecos, es la potencia administradora del Sáhara Occidental, y que el territorio no puede ser considerado marroquí. La sentencia afirma literalmente que los Acuerdos de Madrid de 1975 que repartían el por entonces Sáhara Español entre Marruecos y Mauritania es nulo y sin efecto legal.
Marruecos acaba de aceptar un acuerdo de seguridad social con Holanda que no incluye el Sáhara Occidental. Lo cual constituye, en sí, un reconocimiento de la ilegalidad de su presencia en la antigua colonia española.
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