Una de las cuestiones más desafortunadas, en cuanto a su conclusión, del pleno de abril en Estrasburgo, lo ha sido el de una enmienda relativa al ya anteriormente debatido informe OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude). Este informe, hecho público recientemente, afirma que, entre 2003 y 2005 se habría comprobado que muchas de las ayudas alimentarias destinadas a los refugiados saharauis en Tinduf acabaron en mercados de Mauritania y Argelia. Siempre según dicho informe, se atribuiría el fraude a que los saharauis recibieron más ayudas de las que necesitaban realmente debido a que las cifras de la población de refugiados sobre las reales estarían infladas.
Hasta el 1 de septiembre de 2005 la ECHO (Ayuda Humanitaria y Protección Civil) consideró, al igual que el resto de agencias de la ONU, que la población de refugiados saharauis era de 155.000 personas. Pero, a partir del 1 de septiembre de 2005, corrigió a la baja esta cifra siguiendo las recomendaciones de OLAF, que dictaminó que había que reajustar las ayudas a una cifra de 90.000 habitantes, de acuerdo con los resultados de un estudio. Esta evaluación científica se llevó a cabo en julio de 2004 por medio de unas fotos de satélite por encargo de OLAF, en el marco de una auditoría iniciada en 2003 sobre el supuesto desvío de las ayudas.
Pero dicha estimación no se ajusta a la verdad. Ni la tesis que justifica la corrección a la baja del número de refugiados, ni la supuesta falta de un censo de la población de refugiados saharauis.
Y digo esto porque, ya en octubre de 2000 ACNUR acababa de anunciar la conclusión de un censo provisional de refugiados en los campamentos del Frente Polisario en Tinduf (Argelia) de 129.863 personas.
De acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y el plan de Arreglo aprobado por Marruecos y el Frente Polisario, este censo de refugiados debía constituir el plato fuerte del trabajo preparatorio para la repatriación de los refugiados saharauis que ACNUR debía realizar en estrecha colaboración con la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), de cara a la votación en la consulta de autodeterminación.
La evidencia de que la cifra de 129.863 saharauis votantes residentes en los campamentos no incluía la totalidad de la población refugiada no afecta a la fiabilidad del censo. Ello no ha impedido que en las escasas ocasiones en las que aflora la existencia de este censo, no hayan faltado argumentos por parte marroquí para minimizar su importancia e, incluso, justificar su olvido alegando supuestos dobles registros de los saharauis debido a que la inscripción también contó con puestos de atención en la vecina Mauritania.
Un importante indicador de la fiabilidad del censo de refugiados es que, cuando en 2003 James Baker (el entonces enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental), presentó su plan para la solución del conflicto, el estar incluido en la lista de repatriación establecida por ACNUR el 31 de octubre de 2000 fue considerada una condición suficiente para poder votar en el referéndum para determinar el estatuto definitivo del Sáhara Occidental, al mismo nivel que el figurar en la lista provisional de votantes de 30 de diciembre de 1999. Así consta en el anexo dedicado al llamado Plan Baker.
Pese a todo ello, en octubre de 2005 el secretario general de la ONU anunció que ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) habían decidido reducir el número de beneficiarios de las ayudas a 90.000 personas “hasta que pudiese realizarse una operación de registro global de las poblaciones de refugiados”.
Para muchos donantes y ONG esta decisión entraba en colisión con los datos ofrecidos por el propio secretario general sobre la precaria situación de los refugiados saharauis. Desde esta perspectiva, la tesis con que OLAF lanzaba la hipótesis de que la presencia de alimentos de las ayudas en mercados de la zona se debía a un exceso en los envíos propiciado por el falseamiento del censo no tenía sentido: chocaba con los datos que indicaban que un 95% de los hogares de refugiados saharauis carecía de medios alternativos para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Echó más leña al fuego a esta polémica la publicación de un estudio sobre la nutrición realizado por el PMA a comienzos de 2005 que mostraba que los casos de anemia entre las mujeres y los niños en los campamentos saharauis se había disparado pasando de un 47,6% en 2002 a 66,4% en 2005.
Resulta sorprendente que al iniciar su investigación sobre el posible fraude de las ayudas en el año 2003 OLAF ignorase la existencia del censo de refugiados publicado por ACNUR en el años 2000. Dicho registro de 129.863 saharauis votantes fue considerado por la propia ONU como incompleto pero nunca inflado indebidamente.
Por Fernando Maura
Fuente: esglobal.org
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