MADRID – La Unidad Nacional de Interpol España tramitará con distintivo rojo, aplicado a las personas más buscadas por el organismo policial internacional, las órdenes de detención dictadas por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz contra siete de los once altos cargos marroquíes procesados por genocidio en el Sahara Occidental entre los años 1975 y 1992. En su auto, Ruz dicta la busca, detención e ingreso en prisión de siete de los procesados y libra las oportunas órdenes internacionales de detención para su ulterior extradición, lo que se resolverá en sus respectivas piezas de situación personal, previa constancia de sus datos de filiación y completa identidad en las actuaciones.
La petición afecta al gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997, Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaour y el teniente de la Gendermaría Real Driss Sbai.
Además, Ruz procesó al coronel Lamarti y a los presuntos responsables de genocidio Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, que fueron identificados por algunas de sus víctimas. En estos cuatro casos, el Ministerio de Justicia ha de cursar la comisión rogatoria que Ruz acordó el 2 de febrero de 2015 a petición de la Fiscalía para pedir su correcta identificación y filiación. La petición de Interpol España será remitida a la Secretaría General de la organización, con sede en Lyon (Francia). Una vez que el organismo central apruebe la solicitud, las autoridades españolas tramitarán la orden internacional con distintivo rojo, que será efectiva en todos los países que forman parte de esta organización.
En el caso de que Marruecos no detenga a los reclamados, el efecto práctico de la medida ordenada por el juez Ruz impediría a los procesados salir del territorio nacional de su país, ya que si lo hacen serían inmediatamente arrestados. En ese momento, se iniciaría el proceso de extradición a España desde el país donde se produzca la detención.
FOSA COMÚN El juez Ruz señalaba en su auto que el hecho fundamental que se investiga en esta causa es el hallazgo en febrero de 2013 de una fosa común en Amgala en la que aparecieron ocho cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN así como los testimonios de varios testigos y víctimas que incriminan a los procesados.
El instituto Hegoa y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, responsables del hallazgo de los restos de ocho saharauis cuya identificación ha servido de prueba al juez Ruz para procesar a cargos y militares marroquíes por genocidio en Sahara, mostraron ayer su satisfacción por la actuación de la Justicia.
Los cuerpos de los ocho saharauis, desaparecidos en 1976, fueron hallados por un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco, integrado por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Hegoa y la Sociedad de Ciencias Aranzadi bajo la dirección del el antropólogo forense Francisco Etxebarria y el antropólogo Carlos Beristain, según explicaron las citadas entidades en una nota conjunta.
Tras la actuación del juez Ruz, el instituto Hegoa y la sociedad Aranzadi mostraron su satisfacción por que la Justicia haya reconocido el sufrimiento del pueblo saharaui y actuado contra los responsables de las brutales violaciones de derechos humanos que padece. En este sentido, hacemos nuestra la alegría de las víctimas, añadieron ambas entidades. – E.P./Efe
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