Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro* / Especial para VSOA
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Buenos Aires, 09/12/14 (VSOA).- En los años 80 durante la presidencia del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, la Argentina en un intercambio de notas entre el entonces ministro de Relaciones Exteriores argentino Dr. Dante Caputo y su par saharaui, Mansour Omar, el gobierno argentino asumió el compromiso de reconocer la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En esos días los saharauis libraban las batallas más duras en la Guerra de Liberación, dado que Marruecos con ayuda de Estados Unidos y Francia, construía los muros defensivos. Los saharauis, luchaban prácticamente en soledad por su existencia, con escasos apoyos internacionales. No hacía mucho, que Argentina había luchado contra la propia OTAN en la guerra de Malvinas en 1982, también prácticamente en soledad.
Cuenta la historia, que desde la Embajada francesa ejerció presión abierta sobre nuestro “afrancesado” Canciller (a los lectores argentinos los invito a hacer un ejercicio de memoria sobre la postura francófila del Caputo, como se puede observar en la Cuestión Malvinas) logrando “torpedear” el reconocimiento argentino de la RASD. El gobierno argentino de aquel entonces, se olvidaba que el país era parte del Grupo de Países No Alineados y que gran parte de este bloque de naciones habían reconocido a la RASD como Estado soberano.
Los años pasaron y las diversas gestiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores argentinos olvidaron el caso, que pasó a ser una simple anécdota conocida por unos pocos. Los saharauis, no insistieron más y pasarían muchos años hasta que finalmente el gobierno saharaui enviara una Misión Permanente, con la esperanza que la República Argentina cumpla con su promesa del lejano 1988.
La Argentina ha tenido una posición clara en relación a los procesos de descolonización, dado que parte de su territorio nacional (Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur) están sujetos a dominación colonial, hecho reconocido por las Naciones Unidas desde los años 60.
Un ejemplo de la posición argentina sobre dichos procesos lo encontramos en el caso de Namibia. En 1962 el representante argentino apoyó abiertamente la terminación del mandato sudafricano (declarado ilegal luego por la CIJ) sobre Namibia ante la IV Comisión. En 1972 la Argentina patrocinó el proyecto que confería al Secretario General de Naciones Unidas, el mandato para lograr un acuerdo entre las partes interesadas e iniciar las negociaciones que condujera a los namibios a la independencia. La iniciativa tuvo éxito y se transformó en resolución 309 del Consejo de Seguridad. Otro ejemplo sobre el apoyo argentino a los países sujetos a dominación colonial, lo encontramos en el caso de Indonesia. El Reino de los Países Bajos se negaba abandonar el territorio indonesio (colonia desde el siglo XVIII) y se desató un conflicto armado abierto, que provocó la intervención de las Naciones Unidas. Las potencias occidentales intentaron proteger las acciones de los holandeses. El Dr. Arce, delegado argentino en el Consejo de Seguridad, defendió la tesis del derecho a la independencia de Indonesia. En la intervención del Dr. Muñoz, nuevo representante argentino en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su intervención del 29 de julio de 1948, señaló entre otras cosas interés de nuestro país en la desaparición de los regímenes coloniales, no solo en América Latina, sino fuera de ella y por ende en relación a esta postura, no podía nuestro país permanecer indiferente ante la crisis indonesia y de los otros pueblos actualmente sujetos a restricciones de su soberanía.
En la Cuestión Palestina en 1948, cuando la Argentina le tocó estar Consejo de Seguridad, mantuvo una posición conciliadora e instando a las partes a buscar una salida pacífica y defendió el derecho de los pueblos de elegir libremente sobre su destino.
En su momento, la Argentina invocó principios constitucionales, como pautas rectora para oponerse como por ejemplo, el caso del apartheid en Sudáfrica. En 1953 ante la VIII Asamblea General de las Naciones Unidas, el embajador argentino ante este organismo, Rodolfo Muñoz sobre la base del principio constitucional de no admitir prerrogativas de sangre, así como diferencias raciales, sostuvo los argumentos porque la Argentina condenaba el régimen sudafricano de aquellos años. Nuestro país, en atención al aislamiento de Sudáfrica y en el marco de una postura conciliatoria, instó a la formación de un servicio de asesoramiento sobre derechos humanos para ayudar al régimen de Pretoria a abandonar el régimen racista. En primeros años de la década de los 70, el gobierno argentino mantuvo una postura de mayor dureza, destacándose lo expresado por el delegado argentino ante la Asamblea General en 1973, al señalar La delegación argentina continuará luchando en el seno de esta Comisión y en los demás foros internacionales para que las cuestiones de derechos humanos y descolonización tengan un tratamiento conexo y una solución conjunta. En este entendido apoyaremos cualquier proyecto de resolución que se nos presente con esa finalidad.
En 2003 la Argentina fue parte de la cadena de países que condenó la invasión a Irak, porque lo interpretó como un acto de agresión, contrario a la Carta de la ONU. En 1975, Marruecos por razones estratégicas – disfrazadas por el discurso del Gran Marruecos – ocupó un territorio por medio de una invasión militar. Hecho denunciado por España, que informó al Secretario General de las Naciones Unidas más de una veintena de incidentes armados en los meses anteriores a la Marcha Verde.
La Argentina siempre se apegó al respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas, que en el caso del Sahara Occidental dicen claramente que es un pueblo sujeto a dominación colonial y que desde hace cuarenta años está vigente una resolución que señala que el pueblo saharaui, decidirá su destino sobre la base de un referéndum, bajo auspicios de las Naciones Unidas. En 1979 las Naciones Unidas deploraron la invasión marroquí y existen numerosas resoluciones que señalan que el destino del Sahara, está en manos de la población saharaui. El Frente Polisario desde 1979, es reconocido como el representante legítimo del pueblo saharaui y tiene un estatus oficial reconocido por Naciones Unidas, donde tiene una delegación permanente.
Mientras para la ONU, el Sahara Occidental es una colonia cuya potencia administradora de iure (a pesar que mire para otro lado) es España, para ochenta países en todo el mundo (incluyendo la totalidad de África, menos Marruecos obviamente), es un Estado soberano: la RASD. Desde el punto de vista del Derecho Internacional tiene todos los elementos para ser considerado así: gobierno, territorio propio y población permanente.
En la región, países amigos han reconocido la RASD como Estado y mantienen vínculos diplomáticos y existen en otros casos declaraciones unánimes por parte de las cámaras legislativas (Chile, Colombia, Brasil) a favor de su reconocimiento. Uruguay, es un ejemplo a seguir. A pesar de las presiones, las autoridades uruguayas reconocieron la RASD, cumplieron con su promesa. Esta situación no impidió que Uruguay tenga vínculos diplomáticos con Marruecos. Simplemente no avala la ilegalidad. México, aliado de Estados Unidos con un gobierno que dista mucho de ser considerado de izquierdas, mantiene relaciones tanto con la RASD (hace décadas) como con Marruecos (con quién tiene un intercambio comercial muy superior a la de la Argentina); otro aliado clave de Estados Unidos en la región, Colombia, su parlamento solicitó el reconocimiento de la RASD; en el otro extremo, encontramos a Cuba, tradicional aliado de la RASD; los estados de América Central también han reconocido a la RASD, sin importar el signo ideológico de sus gobiernos.
En el último informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental, exhorta a dotar a la misión de paz en el Sahara (MINURSO) de facultades de monitoreo de derechos humanos, una deuda pendiente, gracias al veto francés. Reconocidas ONG´s han dado pruebas más que evidentes de la gravedad sobre la violación de los derechos de los saharauis.
No se puede alegar la necesidad de ser “neutral” como excusa para no reconocer el Estado saharaui o por lo menos no apoyar el pedido del Secretario General de Naciones Unidas para que la MINURSO, tenga facultades de vigilancia sobre derechos humanos. Recordemos que Argentina reconoció de una manera rápida, luego de que la ex Yugoslavia estallara en pedazos, las antiguas repúblicas federadas que declararon su independencia. No solo reconoció la independencia de estos nuevos estados balcánicos, sino que mantuvo una importante fuerza de paz en la zona. Argentina mantiene relaciones diplomáticas con Haití, país donde cientos de soldados argentinos están encuadrados en la MINUSTAH… una misión Capítulo VII (imposición de la paz).
En estos últimos años, el gobierno argentino se ha caracterizado por la defensa del los derechos humanos en múltiples foros internacionales, se ha adherido felizmente al Estatuto de Roma, insertó en la Constitución Nacional un régimen especial a dichos tratados sobre los Derechos Humanos. Estas son pautas rectoras para nuestra política exterior en los últimos veinte años.
La elección de un argentino, como Papa, máximo líder de la Iglesia Católica, ha sido utilizada tanto por las autoridades nacionales y muchos líderes del espectro político como “fuente de inspiración” y “ejemplo” por el mensaje que ha dado Francisco I, sobre la defensa de la dignidad de las personas, el derecho a la vida, el respeto, y la defensa del valor Justicia.El tomar una postura sobre la causa saharaui, no es más que aplicar las enseñanzas de Su Santidad, al que para muchos argentinos consideramos fuente de inspiración y guía de nuestras acciones.
En su momento la Argentina reconoció al Estado palestino, siguiendo el ejemplo de Brasil (que tuvo un papel relevante para que el resto de loa países de la región siguiera con este camino). Recordemos que el Estado palestino cuando fue reconocido, estaba sometido a los llamados Acuerdos de Oslo de 1993, la Autoridad Nacional Palestina, a pesar de no ser una entidad soberana, actuaba de facto como si lo fuera. Por otro lado, la Argentina mantiene estrechos lazos con Israel. Ello no fue obstáculo, a pesar de la protesta israelí, de que Argentina reconociera al Estado palestino. Las relaciones con Israel siguieron por sus cauces normales y siguen siendo estrechas, a tal punto que es altamente probable, que los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea Argentina sean Made in Israel.
El reconocimiento de la RASD, no implica para la Argentina el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las Islas Malvinas, como señalan en algún lugar. Esto es una falacia. El tema de Malvinas es claro, más allá de las declaraciones británicas, que responden a cuestiones políticas, más que a cuestiones de derecho. Las Naciones Unidas han sido claras sobre el caso, como la doctrina internacional: es un conflicto bilateral. En el caso del Sahara Occidental – a nuestro juicio un Estado sometido al régimen de ocupación militar – el Derecho Internacional es contundente. La Corte Internacional de Justicia fue clara en su histórico dictamen de 1975. El pueblo saharaui es el único titular del derecho a elegir su destino. Los kelpers no…porque son ciudadanos británicos, descendientes de una población trasplantada. Son casos totalmente distintos, los únicos puntos de conexión: que existen Estados que los ocupan ilegalmente y han llevado allí a sus propios ciudadanos con la idea de legitimar su accionar.
Volvamos a las fuentes, a la histórica posición argentina en relación a los pueblos que sufrieron la dominación colonial como los casos de Indonesia, Namibia o Palestina. En la defensa de la dignidad de los pueblos, como ordenó el presidente Dr. Yrigoyen, de saludar el pabellón de la República Dominicana, cuando dicho país había sido invadido por Estados Unidos. En ese momento la Argentina claramente hizo saber su oposición al “intervencionismo armado” y reafirmó el derecho de los pueblos a ser respetada su voluntad soberana.
El reconocimiento del Estado saharaui, no es más que condenar la ilegalidad internacional de la invasión mauritano – marroquí de 1975. Ello implica el respeto a las mejores tradiciones nacionales de nuestra política exterior, a la defensa de la legalidad y el Derecho. Incluso me atrevo a decir, que si la Argentina vuelve a sus fuentes, podría promover una paz justa y duradera. Recordemos que nuestro primer Premio Nobel de la Paz, el Dr. Saavedra Lamas logró terminar con la Guerra entre Paraguay y Bolivia. Esperemos que la Argentina en el 2015, no solo reconozca la RASD, sino alce su voz contra la injusticia, la opresión y la ilegalidad, siguiendo los principios fundacionales de nuestro país: la defensa de los derechos de los pueblos a elegir libremente sobre su propio destino.