Denuncian gobierno español por venta ilegal de armas a Marruecos

Por quinta vez el Gobierno español es denunciado por la venta de armas a Marruecos, vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas exportaciones a países en los que existen indicios racionales de que el material puede ser empleado con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los Derechos Humanos.

En diez último años España han vendido 193 millones de euros en armamento a Marruecos, con lo que éste país es destinatario del mayor número de armas españolas dentro del continente africano y ocupa la posición 16 en el ranking de las exportaciones de armamento españolas, contraviniendo la legislación en esta materia tanto nacional como internacional y los tratados suscritos por nuestro país.

Según los denunciantes, España suspendió las autorizaciones de exportación de armamento a Libia en 2011 y a Egipto y Taiwán en 2013, pero siempre ha hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la población saharaui que vive bajo la represión marroquí en el Sahara Occidental.

Y esto ocurre cuando España es la potencia administradora del Sáhara Occidental hasta que finalice el periodo de descolonización, según un auto del pleno de la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional de julio de 2014. Marruecos no figura como la Potencia administradora de este territorio en la lista de Territorios no autónomos de las Naciones Unidas.

La denuncia coincide con el 39 aniversario de la Marcha Verde, tras la que España entregó el Sáhara a Marruecos y Mauritania, que se retiró posteriormente, y se hace simultáneamente en Madrid, ante el Ministerio de Economía y Competitividad, y en Tinduf (Argelia), donde se encuentran los campamentos de refugiados saharauis y el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

En Madrid la interponen la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), Justicia i Pau, la Red de estudios sobre efectos de minas terrestres y muros en el Sahara occidental (REMMSO), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental. En Tinduf la efectúan la Asociación Andaluza de Juristas por el Sáhara (AJASAHARA) y la Asociación de Familiares y Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), acompañados por el Coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, de visita en los campamentos saharauis por invitación del Presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz.

El Gobierno español ha dado carpetazo a las denuncias que desde 2010 presentan anualmente diversas organizaciones civiles e ignora los informes de Naciones Unidas, la Unión Europea y los relatores independientes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Freedomhouse donde se expone que la violación de los Derechos Humanos de la población saharaui es sistemática por parte del Reino de Marruecos. Por eso, paralelamente en los campamentos saharauis y en Madrid siete organizaciones vuelven a denunciar al Gobierno español, que sigue autorizando la venta de armas a Marruecos de forma ilegal y arbitraria.

A las cantidades anteriormente apuntadas se suma el valor de las donaciones de armamento a precio simbólico que se realizaron en 2008. El 18 de enero de 2008 el Consejo de Ministros autorizó la cesión a Marruecos de ocho juegos de lanzadoras de bombas de aviación, por el precio simbólico de un euro, a pesar de estar valorados en 86.848 euros. El 27 de junio de 2008, el Consejo de Ministros autorizó la cesión de seis torpedos ligeros MK-46, de la clase 2, destinados a la Marina Real marroquí por el precio simbólico de un euro.

Los denunciantes consideran que ha existido un flujo constante de material de defensa durante todo el período y que ni siquiera fue interrumpido tras el incidente en la Isla de Perejil (julio de 2002). En 2003 se produjo una disminución importante de las exportaciones a Marruecos, pero no se interrumpió el suministro, que se normalizó en años posteriores.

En julio de 2013 varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron que Marruecos utilizaba material bélico español para reprimir al pueblo saharaui, denuncia que coincidió con la visita oficial del rey Juan Carlos a Marruecos, acompañado de nueve de los doce ministros de Asuntos Exteriores de la democracia.

La denuncia incluyó testimonios gráficos e informaciones de prensa para demostrar que vehículos militares de fabricación española eran empleados por el ejército marroquí contra la población saharaui. Se adjuntaron fotografías de vehículos españoles VAMTAC, tomadas en El Aaiún “formando parte de la logística de ocupación y represión de las fuerzas armadas marroquíes”.

A estas pruebas se unió el testimonio del saharaui Hassana Aalia, de 26 años, condenado en rebeldía a cadena perpetua en el juicio de Gdeim Izik, quien declaró que vio estos vehículos, que son muy reconocibles, apostados en diferentes puntos del El Aaiún. Afirmó, también, que desde el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, el 8 de noviembre de 2010, la presencia del ejército es constante y amplia, e interviene con la policía para reprimir a la población saharaui.

En abril de 2013 el ministro de Defensa marroquí, Abdeltif Loudyi, visitó junto con su homólogo español, Pedro Morenés, la empresa UROVESA, radicada en Santiago de Compostela, para conocer sus nuevos modelos. UROVESA, suministradora oficial del Ejército español, fabrica el VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) que se asemeja al Humvee estadounidense y al GAZ 2975 Tigr ruso. Entre las aplicaciones militares del VAMTAC, en sus diferentes versiones, se encuentran la de vehículo antimotines, para plataformas lanza-misiles, porta-armas, porta-shelter, sistemas de vigilancia, comunicaciones, mando y control, y transporte de personal.