Desinterés del juez Ismael Moreno por investigar el asesinato de un saharaui español

“Desatención, lentificación sin razón alguna, falta de interés”. Estas son varias de las expresiones con las que la Liga Española Pro-Derechos Humanos califica la actuación del Juez Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno Chamorro, para investigar el asesinato del saharaui español Baby Hamdam Buyema ocurrido “en la masacre perpetrada por la policia y el ejercito del Reino de Maruecos” en el Campamento de Gdeim Izik, en El Aaiún, el 8 de noviembre de 2010. Avisa la Liga de que se está a punto de ordenar el archivo de la causa.

El 4 de julio de 2014 el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió que continuase la investigación del asesinato de Baby Hamday, de 35 años y padre de dos hijos, por el que su hermano Lammad Mulud Ali y la Liga Española Pro-Derechos Humanos presentaron una querella por un delito de Genocidio y Lesa Humanidad contra el ministro del Interior de Marruecos, el jefe del grupo especial de policía GUS y varios agentes.

Ahora, más de dos meses después, el presidente de la Liga Española Pro-DDHH, José Alonso Rodríguez, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Ismael Moreno “por la desatención, el retraso injustificado y reiterado en la iniciación y tramitación del procedimiento y sumario de su juzgado” en el caso del asesinato del saharaui español. Agrega que el Instructor “ha lentificado un proceso singular y grave” sin razón alguna que lo justifique.

Relata que el pasado 16 de septiembre el letrado Félix Pancorbo Negueruela se personó, por cuarta vez desde julio de 2014, en el juzgado y pidió el expediente de la causa para comprobar si había habido alguna actuación que reflejara cierta actividad después del Auto de la Sala de lo Penal de 4 de julio. No se le permitió ver el expediente con “la excusa” de que no se había hecho nada en los dos últimos meses y que tampoco había resultados de las comisiones rogatorias marroquíes.

José Antonio Rodríguez afirma en su queja contra Ismael Moreno que les consta que este procedimeinto “no ha sido acogido por el Juzgado con el interés y el celo que se merece, tanto potr la peculiaridad del mismo como por la gravedad de los hechos denunciados y las responsabilidades que acarrean”, sin entender las razones que puede tener el juez, destacando que la persona asesinada era un ciudadano español que se encontraba trabajando “en nuestra antigua provincia de El Aaiún”.

A punto de ordenar el archivo de la causa

En este punto recuerda que el Sáhara Occidental es un territorio del que España es Potencia Administradora por Resolución 2072 de 17 de diciembre de 1965 aprobada por la Asamblea General de la ONU, por lo que “la competencia y jurisdicción debería recaer en los Tribunales españoles, concretamente en la Audiencia Nacional, y no en los Tribunales del Reino de Marruecos”, que tomó este territorio por la fuerza de las armas y aplicando el “ius belli”.

José Antonio Rodríguez denuncia que han transcurrido casi cuatro años desde que se inició el procediemiento, sin apenas practicar diligencias o dictar una sola resolución; cree que estos retrasos injustificados deben ser atribuidos “a la negligencia o descuido del Organo Jurisdiccional o del propio Fiscal, o a la apatía y lentitud de aquellos funcionarios marroquíes que vienen interviniendo pese a no ser competentes y a los que se les ha confiado la parte mas importante de la instrucción”. Y afirma que esto es una dejación de funciones del Juzgado de Instrucción Central número 2”.

Según la Liga Española Pro-Derechos Humanos el juez Ismael Moreno ha vulnerado el artículo 24.2 de la Constitucion Española, referente a la protección judicial de los derechos, hurtando, sobre todo a la familia de Baby Hamday, el acceso a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas garantías.

Tambien le acusa de vulnerar el Convenio de Roma de 1950 sobre Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de Nueva York de 1966, cuatro sentencias del Tribunal Constitucional, entre otras, sobre la garantía de los plazos en las tramitaciones, así como varios artículos de la Ley de Enjuiciamentio Criminal.

“La labor inspectora y de intervención del Ministerio Público para impulsar y simplificar la tramitación de las causas penales ha brillado por su ausencia con la anuencia del Instructor, dejando transcurrir casi cuatro años y a punto –advierte- de ordenar el archivo de la causa”.