Madrid.- Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a Felipe VI para que en el marco de su inminente viaje oficial a Marruecos tenga en cuenta la situación de derechos humanos en el país vecinoy haga gestiones para lograr avances en esta cuestión; en especial por los casos del periodista Ali Anouzla, que sigue estando sometido a investigación y se encuentra a la espera de juicio por un vídeo publicado en su web, y Ali Aarrass, todavía en prisión después de haber sido condenado a 15 años tras confesar bajo tortura.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Las leyes marroquíes criminalizan a periodistas y otras personas críticas con la monarquía o las instituciones del Estado. El ministro de Comunicación ha declarado en repetidas ocasiones que están en marcha los preparativos para elaborar un nuevo Código de Prensa, que excluirá las penas de prisión. Mientras se elabora, los periodistas siguen enfrentándose a penas de prisión bajo 20 artículos diferentes. Además, el Código Penal también incluye penas de prisión por la expresión pacífica de opiniones que se consideren ofensivas para el rey, su familia, cualquier otro funcionario público o los símbolos nacionales del Reino de Marruecos.
Ali Anouzla fue procesado en septiembre de 2013, poco después de que en el sitio web que él mismo fundó, Lakome.com, se considerara propaganda la publicación de un vídeo de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Amnistía Internacional teme que su enjuiciamiento se haya producido como castigo por su independencia editorial y las críticas vertidas contra las autoridades. Aunque quedó en libertad tras un mes y medio de reclusión, sigue estando sometido a investigación y se encuentra a la espera de juicio.
Las fuerzas de seguridad también hacen un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones.
Por otra parte, en ocasiones, las personas detenidas tras la celebración de manifestaciones son juzgadas en circunstancias que no cumplen la normativa internacional en materia de juicios justos. En 2013, se impusieron penas de entre 18 y 30 meses de prisión a 16 hombres, y penas de dos meses de prisión a dos menores de edad por participación en concentración armada, agresión a funcionarios públicos y daños a bienes públicos, tras una protesta contra la desmesurada subida de los precios del agua y de la electricidad en un barrio obrero de Marrakech el 28 diciembre 2012.
Asimismo, siguen llegando denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, tortura bajo custodia y restricción de la libertad de expresión, reunión y asociación en el Sáhara Occidental. Amnistía Internacional considera desde hace años que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) debería contar con una función de observación de los derechos humanos, con capacidad para analizar tanto la situación del Sáhara Occidental como la de los campamentos de Tinduf.
Denuncias de torturas y malos tratos
Continúan recibiéndose noticias sobre tortura y otros malos tratos de personas detenidas por la policía, la gendarmería, y en prisión.
Un caso ilustrativo es el de Ali Aarrass, que en abril de 2008 fue detenido en España y dos años más tarde extraditado a Marruecos, pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había advertido de que podía sufrir torturas y ser sometido a un juicio sin las debidas garantías, algo que finalmente ocurrió. Ali fue condenado en 2011 a 15 años de prisión, basándose la declaración de culpabilidad exclusivamente en las declaraciones que le extrajeron bajo tortura. El 21 de mayo de 2014 las autoridades de Marruecos anunciaron la apertura de una investigación, solo dos días después después de que el Comité contra la Tortura de la ONU decidiera que las autoridades marroquíes habían violado varios artículos de la Convención contra la Tortura en relación con Ali Aarrass. Amnistía Internacional pide su liberación inmediata y que se le ofrezca la debida reparación, teniendo en cuenta las graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
Violencia contra las mujeres
Amnistía Internacional celebra la modificación, en enero de 2014, del artículo 475 del Código Penal, que permitía que los violadores eludieran el enjuiciamiento si se casaban con la víctima. Sin embargo, es necesario modificar igualmente otros artículos del Código Penal para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia y la discriminación. Entre otros, es necesario cambiar la definición de violación para que sea neutral en cuanto a género y se tengan en cuenta distintas circunstancias coercitivas, además de la violencia física. También se debe reconocer la violación marital como delito específico. El hecho de que la violación se aborde en el apartado de la moral no pone el énfasis en la agresión contra la integridad de la víctima. También se penalizan las relaciones sexuales entre personas adultas lo que viola el derecho a la intimidad y a la liberta de expresión, además de disuadir a las víctimas de violación de presentar una denuncia, porque podrían ser procesadas por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes
Amnistía Internacional siente preocupación por el tratamiento de las autoridades marroquíes a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas subsaharianas. Entre los informes de violaciones de derechos humanos recibidos por la organiación se incluyen la expulsión ilegal de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados a países vecinos, denuncias de uso excesivo de la fuerza por policías que ha provocado lesiones e incluso la muerte a varios subsaharianos, así como la discriminación racial. Amnistía ha manifestado preocupación por el acuerdo entre España y Marruecos sobre la readmisión de nacionales de terceros países ya que carecen de las garantías necesarias de derechos humanos.
La organización insta a las autoridades marroquíes a poner fin a la expulsión ilegal y la readmisión de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas hacia y desde los países vecinos, y garantizar que la protección de sus derechos humanos está en el centro de los procedimientos operativos y el nuevo marco jurídico que supervisará las expulsiones y deportaciones. Además, pide a las autoridades que se investigue y responsabilice a los autores de violaciones de derechos humanos, incluido el uso innecesario y excesivo de la fuerza contra los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como la discriminación.
Fuente : Aminstía Internacional, 10 julio 2014
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