El pasado 10 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó la renovación del Protocolo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por un período de 4 años, respaldando de este modo el acuerdo firmado entre la Comisión Europea y Marruecos en julio del 2013. El ejecutivo comunitario es la institución competente para negociar y firmar acuerdos internacionales en los ámbitos de competencia que la Unión Europea tiene atribuidos, siendo la aprobación del Parlamento Europeo obligatoria, potestad que le permite adoptar o rechazar el acuerdo “en bloque”, sin posibilidad de modificarlo a través de enmiendas.
Es la segunda vez que la Eurocámara se pronunciaba sobre el acuerdo: en la primera ocasión el Protocolo fue revocado por el Parlamento Europeo en su Resolución del 14 de diciembre de 2011, fundamentando su rechazo en tres aspectos: el bajo rendimiento económico, el daño medioambiental en unas aguas sobreexplotadas y el incumplimiento de la legalidad internacional en relación al Sáhara Occidental. Tras esta negativa, la Comisión recibió un nuevo mandato para negociar un nuevo acuerdo que debía mejorar los estándares denunciados. El texto resultante de las nuevas negociaciones contiene mejoras y responde a muchos de los criterios solicitados por el Parlamento Europeo.
En el aspecto socio-económico, se ha rebajado el coste del acuerdo reduciendo la contribución del presupuesto de la UE para tener acceso a los recursos marroquíes en un 17% (de 36 a 30 millones de euros por año). La diferencia será abonada por los armadores europeos (que triplicarán su aportación, de 3.4 a 10 millones de euros) respondiendo al objetivo de equilibrar la proporción de financiación pública y privada, tal y como contempla la reciente reforma de la Política Pesquera Común. Se reduce por lo tanto el porcentaje procedente de los contribuyentes europeos y se mejora la relación coste/beneficio del acuerdo. Las categorías de pesca son las mismas que en el Protocolo anterior: se reduce el número de barcos pero se aumentan las posibilidades de pesca en un 33%. En concreto, supone la vuelta al caladero marroquí de 126 barcos comunitarios con más de 1.500 tripulantes, de los cuáles casi 100 serán españoles ocupando a 800 tripulantes españoles. En cuanto a los aspectos sociales, existe una obligación de embarcar marineros autóctonos en los barcos europeos a través de una lista cerrada que será propuesta por Marruecos.
En cuanto a los aspectos medioambientales, el informe de evaluación del acuerdo demostró que la mayoría de los caladeros y especies se encontraban sobre explotados. Fruto de las negociaciones, se ha hecho hincapié en la necesidad de fijar las capacidades de pesca según los excedentes existentes y respetando siempre criterios de sostenibilidad. Se han sentado las bases para el desarrollo de una “cooperación científica reforzada” que deberá establecer un sistema de intercambio electrónico de información. Las modificaciones de las posibilidades de pesca requerirán un examen previo del comité científico conjunto.
Sin embargo, el nuevo acuerdo no aporta ninguna mejora en relación al Sáhara Occidental: el acuerdo no excluye explícitamente sus aguas territoriales ni garantiza el respeto de los intereses legítimos del pueblo saharaui. El presente Protocolo excluye en principio las aguas que quedan fuera de la soberanía de Marruecos pero no se menciona ni el Sáhara Occidental ni las coordenadas que delimitan su territorio, por lo que, en la práctica, supone una tácita aceptación de que se desarrollen actividades de pesca en sus aguas. De lo contrario, se especificarían los parámetros de la frontera sur, cuya mención no existe, a diferencia de la frontera norte. Asimismo, según el dictamen emitido por los Servicios Jurídicos del Parlamento el 4 de noviembre 2013, si se acordara la pesca en dichas aguas, los pagos respectivos y las actividades de pesca de la UE deberían, en todo caso, beneficiar al pueblo saharaui, de conformidad con las obligaciones del Derecho internacional. Por último, si bien se prevé la suspensión inmediata del acuerdo por parte de la Unión Europea en caso de violación de los derechos humanos, el acuerdo carece de un mecanismo de verificación y de control del cumplimiento del Protocolo, así como del respeto de los derechos humanos y la repercusión real de los beneficios de la pesca para el pueblo saharaui.
Por todo ello, el eurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner pronunció un voto de abstención ante un acuerdo que, si bien recoge serias mejoras respecto a los aspectos pesqueros y comerciales, no contiene ninguna mejora del conflicto saharaui. El eurodiputado magenta valoró los esfuerzos realizados por la Comisión Europea pero lamentó que estos no incluyeran el respeto de la voluntad del pueblo saharaui, así como la laxitud con la que se abordan las graves coacciones ejercidas por el Reino de Marruecos sobre sectores de la población como trabajadores, periodistas y otros profesionales. Así consta en la explicación de voto que puede consultarse en la página web del diputado en el Parlamento Europeo.
La adhesión de UPyD en el Parlamento Europeo a la causa saharaui es inequívoca y está fuera de toda duda: Francisco Sosa Wagner pertenece al “intergrupo” de eurodiputados por la defensa de un Sáhara libre, promovió la candidatura de Aminatu al premio Sajarov que otorga el Parlamento europeo a los defensores de los derechos fundamentales y ha utilizado su escaño en favor de los derechos del pueblo saharaui, a través de las votaciones, enmiendas y preguntas parlamentarias presentadas a lo largo de la legislatura.
La semana pasada, el Parlamento Europeo adoptaba su informe anual sobre “El estado de los Derechos humanos en el mundo” que incluye una enmienda firmada y votada por el eurodiputado magenta y otros diputados que aborda el conflicto del Sáhara Occidental y que apela, entre otras cuestiones, a una solución justa y duradera del conflicto basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas.
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