La Audiencia Nacional, creada en 1977, se ocupa en exclusiva de los delitos cometidos fuera de España “cuando conforme a las leyes corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles”. En los distintos Juzgados Centrales de Instrucción se mantienen abiertas alrededor de una decena de causas por delitos de genocidio y lesa humanidad, en los que existen víctimas españolas y que no han sido investigados por ningún otro Estado competente o por algún tribunal internacional. Estos son algunos de los procedimientos que permanecen activos.
» Guatemala. El juez Santiago Pedraz ha imputado a 10 ex altos cargos del Gobierno guatemalteco tras una querella por genocidio en la que se investiga, entre otros hechos, el incendio de la Embajada española en ese país en 1980, en la que murieron 37 personas. La querella, presentada en 1999 por la premio Nobel Rigoberta Menchú, se amplió para investigar los crímenes contra las mujeres mayas.
» ‘Caso José Couso’. El mismo juez Pedraz ha pedido la entrega de los tres militares de Estados Unidos que mataron al cámara de Telecinco José Couso en 2003 cuando trabajaba en la guerra de Irak. Estados Unidos tiene abierta otra causa por las torturas contra presos investigados por terrorismo en la prisión irregular de Guantánamo.
» Tíbet / Falun Gong. El magistrado Ismael Moreno tiene sobre su mesa la querella contra la cúpula militar y política de China por el genocidio en el Tíbet. La Sección Cuarta de la Audiencia obligó al juez a ordenar la busca y captura del expresidente chino Jiang Zemin y del exprimer ministro Li Peng, entre otros líderes. También sigue abierta la causa contra otros dirigentes del gigante asiático por el genocidio de miembros del movimiento espiritual Falun Gong.
» Sáhara. En 2006 el entonces juez Baltasar Garzón admitió una querella contra 13 altos cargos de Marruecos por el asesinato, las torturas y desapariciones de ciudadanos saharauis en los años 70, 80 y 90.
» Carmelo Soria. En 2012, el juez Pablo Ruz procesó a siete exagentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 1976. Todos ellos tienen órdenes de detención que no se han cumplido en el país andino.
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